La Confederación de sindicatos STEs-i de trabajadores de la enseñanza ha presentado sendas quejas ante el Defensor del Pueblo y la Unión Europea por los procesos de estabilización del personal interino que están convocando estos días las comunidades autónomas, según informa en una nota de prensa este lunes.

"No garantizan que el personal docente en abuso de temporalidad pueda lograr la estabilidad en su puesto de trabajo y el resultado de estos procesos puede ocasionar un trasiego de docentes entre comunidades muy perjudicial para profesorado y administraciones", afirma STEs en un comunicado.

Por ello, ha presentado ante la Unión denuncia por infracción al derecho comunitario y la legislación europea con respecto a dichos procesos de estabilización.

La recién aprobada ley de la Función Pública para rebajar la interinidad en las administraciones establece que la temporalidad debe alcanzar como máximo un 8 % en 2024, que en el caso de la enseñanza se sitúa hoy en un 25 %.

Sin embargo, las actuales convocatorias están sembrando "la inquietud" entre los afectados, ya que "no solo no aseguran que estas personas puedan conseguir la estabilidad en el empleo, sino que pone en peligro su puesto de trabajo, desempeñado hasta ahora, en régimen de interinidad.

La denuncia ante la Unión Europea subraya que el Estado español a través de la ley 20/2.021 de 28 de diciembre incumple abiertamente el derecho de la Unión, pues establece como medidas dirigidas a las personas que llevan prestando servicios temporales por más de tres años, procesos selectivos por diversos sistemas e indemnizaciones al cese que no se contempla en todos los casos, ambas descartadas por el TJUE como sanción.

Del mismo modo, STes ha presentado una queja en el Defensor del Pueblo por "la diversa y dispar aplicación que vienen haciendo las administraciones públicas tanto estatales como autonómicas" de esa ley.

Pide al Defensor su intervención para que exija al Parlamento que, cuanto antes, "legislen la activación de controles de legalidad para la aplicación de la ley 20/2021, de tal manera que no se cese ningún empleado público que se encuentre ocupando puestos de trabajo con anterioridad al 1 de enero de 2.016 en cualquier administración pública".

En cualquier caso, cree que la responsabilidad recae en Educación: "En sus manos está hacer que todas las comunidades cumplan la ley y no la burlen con ofertas ridículas en las que no se incluyen las plazas que con claridad, la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones, establece que deben ofertarse en los concursos extraordinarios de méritos y en los concurso-oposición que deben convocarse" según el nuevo real decreto de acceso a la función pública docente. EFE

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