El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a la creación del nuevo Espacio Europeo de Datos Sanitarios acordado por el bloque para facilitar el acceso al historial médico del paciente -incluidas recetas o pruebas médicas-- desde cualquier país de la UE, así como para impulsar el intercambio seguro de datos en aras del interés general, por ejemplo en el campo de las enfermedades raras.

Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han dado así su aprobación al acuerdo político alcanzado el pasado marzo entre los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) con 445 votos a favor, 142 en contra y 39 abstenciones.

Una vez el nuevo marco sea también adoptado formalmente por los Veintisiete en próximas fechas entrará en vigor, pero no comenzará a aplicarse hasta pasados dos años para dar tiempo a los Estados Miembro a adaptarse. Habrá ciertas excepciones, incluido el uso primario y secundario de ciertas categorías de datos, que se aplicarán de cuatro a seis años después, dependiendo de la categoría.

Las nuevas reglas permitirán transferir a través de la plataforma MyHealth@EU los datos sanitarios de forma segura a profesionales sanitarios de otros países de la Unión en caso, por ejemplo, de que el paciente se haya trasladado a otra residencia. Así, será posible descargar su historial médico de forma gratuita.

Además, con el objetivo de potenciar la investigación se regulará el intercambio de datos anonimizados o bajo pseudónimo --incluidos historiales médicos, ensayos clínicos, información sobre patógenos, reembolsos sanitarios, los datos genéticos_para su uso secundario, es decir, si es con fines de interés público, por ejemplo para avanzar en investigación, realizar estadísticas o diseñar políticas.

En todo caso, las reglas de la UE no permitirán el uso secundario con fines comerciales, incluida la publicidad, la evaluación de solicitudes de seguros o condiciones de préstamo o la toma de decisiones en el mercado laboral. Las condiciones de acceso a los datos las fijarán los organismos nacionales.

Otra de las claves será garantizar que los ciudadanos tendrán la última palabra en la forma en que se utilizan y se accede a sus datos. Los pacientes podrán, por tanto, rechazar el acceso de los profesionales a sus datos sanitarios (salvo cuando sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado u otra persona).

También podrán oponerse al tratamiento de sus datos para investigación, excepto para determinados fines de interés público, de formulación de políticas o estadísticos. Los pacientes también tendrán que ser informados cada vez que se acceda a sus datos, y tendrán derecho a solicitar correcciones a los datos erróneos.