La nueva ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales dirigida a aumentar la privacidad personal y adaptar el ordenamiento español a la legislación europea entrará próximamente en vigor tras superar este miércoles su último trámite legislativo con la ratificación del texto en el pleno del Senado.

Este proyecto de ley incluye de forma pionera en Europa "una carta" con derechos digitales como la desconexión laboral, "el olvido" en internet o el testamento virtual, y está pendiente ahora de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su consiguiente entrada en vigor.

Al no haberse introducido cambios en el texto procedente del Congreso durante el debate hoy en la Cámara Alta, el proyecto de ley ha quedado definitivamente aprobado, con 220 votos a favor y 21 en contra pese al consenso unánime respecto al contenido de la norma hasta ahora en su tramitación.

Su ratificación a última hora no ha estado exenta de polémica por la redacción del texto en lo relativo al uso de información personal para fines políticos, pese a que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) manifestó poco antes de la aprobación de la norma que ésta no permitirá el tratamiento de datos de las personas para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas, como han denunciado varios juristas y colectivos de la sociedad civil.

Pese a ello, varios grupos, especialmente Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, han sido críticos con el texto por esas grietas que parece que permite su redacción para el rastreo de datos personales por parte de partidos, como les han expuesto varios grupos de la sociedad civil en las últimas horas.

De hecho, la senadora Celia Cánovas ha anunciado que dicho grupo acudirá al Tribunal Constitucional para exigir garantías de que los ciudadanos estarán realmente protegidos con esta ley.

Los senadores de Compromís, Bildu y Nueva Canaria han votado también en contra por el mismo motivo, mientras que los grupos mayoritarios se han manifestado tranquilos con la redacción de la normativa, y han criticado el cambio de postura de los parlamentarios en el Senado respecto al Congreso en donde la norma tenía un apoyo unánime.

En su intervención, la senadora socialista Begoña Nasarre ha dicho de esta ley que es un "gran paso adelante" para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos en cuanto a la protección de sus datos personales y situar de nuevo a este país en cabeza en esta materia al incluir en la norma una carta de derechos digitales.

El objetivo de esta ley era adaptar el ordenamiento español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos que exige desde el 25 de mayo a las empresas requisitos más severos para garantizar la privacidad personal, como disponer del consentimiento claro y expreso del afectado en el caso de usar sus datos para fines distintos para los cuales fueron recabados inicialmente.

El reglamento da margen a los estados para regular individualizadamente algunos aspectos desde sus ordenamiento. De hecho, la nueva normativa española mantiene en 14 años la edad mínima de consentimiento de los menores para el uso por parte de terceros de sus datos personales, por ejemplo en redes sociales -la norma europea permite fijarla en una franja desde los 13 a los 16 años-.

Entre los derechos que incluye está el de la desconexión laboral para respetar el descanso de los empleados sin bombardearlos con correos electrónicos u otros mensajes en línea. La norma también recoge el derecho al testamento digital, el de "neutralidad" en internet, y el de seguridad y confidencialidad de las comunicaciones electrónicas para proteger a los menores y las posibles víctimas de violencia machista.

Asimismo se garantiza el derecho a la intimidad personal en el ámbito laboral con la limitación de videocámaras y dispositivos de audio en lugares de trabajo y además se prohíben estos en áreas de descanso como comedores u otros espacios similares para ocio de los trabajadores.

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También se refuerza la privacidad de los empleados frente a sistemas de geolocalización en el trabajo. Por ejemplo en el caso de camioneros con sistemas GPS integrados en sus vehículos u otros colectivos cuyos equipos de trabajo puedan incluir sistemas o sensores que detecten en tiempo real su ubicación. Se garantiza además que la protección de datos personales no pueda suponer un freno a la investigación biomédica especialmente la de carácter público.