El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este martes un decreto donde ordena que la Fiscalía Anticorrupción asuma el conocido como 'caso Negreira', un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, al considerar que se trata de delitos de especial trascendencia, según ha informado el Ministerio Público.

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Para ello ha emitido este martes un decreto en el que establece que la competencia para conocer los hechos que constituyen objeto de las Diligencias Previas 348/23 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona pase a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia.

Según la denuncia interpuesta ya por la Fiscalía Provincial de Barcelona, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal o un delito continuado de apropiación indebida, así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil. A partir de ahora, será esta Fiscalía Anticorrupción la que lidere la instrucción de la causa.

La Fiscalía ha denunciado por estos hechos al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell y ha propuesto que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, sea citado como testigo.

La querella fue interpuesta ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para que se acumule a las diligencias previas incoadas a raíz de una querella presentada por el árbitro del VAR Estrada Fernández contra Negreira.

Además de Rosell -que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014- y Bartomeu -entre 2014 y 2020-, la denuncia se dirige contra el ex director ejecutivo del club Oscar Grau y el ex director de Deportes Profesionales Albert Soler, que eran "de la máxima confianza" Bartomeu, según el ministerio público.

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La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana "alcanzó y mantuvo" un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para que, "a cambio de dinero", realizase "actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase" y en los "resultados de las competiciones".