A pesar de ser una problemática muy compleja, por primera vez en muchos años, el propio presidente de la Junta y el Gobierno andaluz, se están implicando de lleno para poner fin a treinta años de caso jurídico y urbanístico.

No solo es un problema de regularizar viviendas que ahora mismo se encuentran en un limbo legal; las aristas de este problema, cronificado en Andalucía durante los últimos treinta años, es mucho más complejo. Son edificaciones que no han podido acceder a servicios básicos, como el agua y la luz, y que están produciendo un daño en el medioambiente ya que vierten o toman agua de forma incontrolada.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Con el objetivo de dar solución a los propietarios, y de evitar que se siga repitiendo esta práctica, el nuevo Gobierno de Andalucía aprobó, a finales del mes de septiembre, el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares. Una ley que pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos.

PILARES DE LA NORMA 

Este decreto ley se sustenta en tres pilares fundamentales:

• La ampliación de la declaración de AFO. Esta figura no supone legalización sino reconocimiento de una situación de irregularidad que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas para restablecer la legalidad. La declaración AFO permite a los propietarios acceder a servicios básicos (agua, luz, saneamiento) y la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento. El acceso al AFO se permite a cualquier edificación irregular, salvo a viviendas que aún en plazo para restablecer la legalidad (6 años desde su construcción) o con sentencia y las que se asienten sobre suelos de especial protección.

• Agilizar trámites para su inclusión en el planeamiento. Antes, los asentamientos debían figurar en los PGOUs y, una vez superado, los ayuntamientos debían desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada asentamiento. Se eternizaba el proceso. Con el decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un Plan Especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.

• Las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano se podrán incorporar a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporarlos.

CONTENIDO PROMOCIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA​