La Policía Nacional ha detenido a un empresario de unos 46 años de edad tras supuestamente emitir facturas falsas por unos 80.000 euros dentro del caso Infraestructuras, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha área del Ayuntamiento de Córdoba por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital y el Cuerpo Nacional de Policía, que mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas detenciones.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el varón ha sido detenido por la supuesta comisión de delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal tras las facturas presuntamente falsas emitidas durante ocho meses del año 2021 y relacionadas con trabajos de jardinería, carpintería y otros vinculados a la Delegación de Infraestructuras. En este sentido, el empresario se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y ha quedado en libertad con cargos, pendiente de citación judicial, que ya tiene en su poder las diligencias de investigación, según han apuntado las fuentes.

En este caso, que se analizan más de 2,6 millones de euros, el magistrado de dicho Juzgado, José Luis Rodríguez Lainz, investiga al concejal no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, detenido y puesto en libertad con cargos hace unas semanas por la Policía Nacional, así como a 12 personas más, entre ellas la excoordinadora general de la Delegación María Luisa Bueno y un técnico municipal, que fueron los dos primeros investigados y que ya han declarado, mientras que los restantes están pendientes de hacerlo en próximas fechas.

Según recoge el auto de hace unas semanas, el magistrado explica que el atestado permite "constatar la existencia de nuevas infracciones criminales que solamente en parte permiten apreciar la existencia de una identidad subjetiva, y sólo parcialmente coincidente, con los hechos por los que se sigue la causa; que se ciñen sólo y exclusivamente a las irregularidades administrativas detectadas en el Plan de Choque del año 2020".