Seguimos a vueltas con el caso de las mascarillas. Y sus apéndices, claro. Porque desgraciadamente los está habiendo y están saliendo a la luz. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en Aragón en el año 2020. El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán por aquel entonces, compró un paquete de mascarillas defectuosas. Y ojo, que el dinero abonado nunca se reclamó.

Este martes la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha hablado sobre lo que ocurrió entonces. También ha avanzado que el actual Ejecutivo aragonés va a presentar una denuncia a la Fiscalía mediante la cual trasladará los expedientes de toda esta transacción.

¿Cuándo empieza todo este lío?

Tenemos que remontarnos a lo peor de la pandemia. Concretamente, nos vamos hasta el 2 de abril de 2020. En aquel entonces, el Gobierno de Aragón realizó la compra de un suministro de equipos, entre ellos mascarillas FFP2, por un valor de más de 224.500 euros. Así lo ha explicado la Consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, que daba más detalles de esa operación.

"El Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales resolvió declarar la emergencia de la contratación para la adquisión de equipos de protección individual con la empresa con sede en Ámsterdam", ha explicado. Ha añadido, además, que "el importe se abonó anticipadamente en esa misma fecha", es decir, ese 2 de abril.

Al frente de esa Sociedad estaba "Don Emilio Santacatalina Revelles", responsable del Grupo Santacatalina. Por cierto, este hombre fue denunciado por el Gobierno de Canarias por intento de estafa en la venta de vacunas, como también ha puntualizado Susín.

Fue, por tanto, un pago anticipado, pero es que como ha continuado explicando Susín, esos abonos no tuvieron una facturación electrónica. Esto, amparado por el Decreto que se había aprobado por aquel entonces por el que se aprobaban medidas urgentes, derivado también de ese Estado de Alarma.

La cifra concreta, por tanto, un pago de 244.570 euros al Grupo Santacatalina. Una vez abonado, ¿cuándo se recibió el suministro?

Llegada de los productos y sus facturas

La compra del material, porque al fin y al cabo era eso, se recibió el 24 de abril. Posteriormente, y por parte del proveedor, ese Grupo Santacatalina, se emitieron dos facturas, que se enviaron por correo electrónico. La primera, con fecha del 2 de abril, con un importe de 154.170 euros. Y la segunda, que complementaba a la primera, estaba fechada el 22 de abril y tenía un importe de 106.518 euros. De esto, resultaba pendiente de pago al Grupo Santacatalina de 16.117 euros.

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Sin embargo, pasaba esto: "Según consta en los distintos informes sobrantes en el expediente, el IASS no ha pagado ese importe adiciona de 16.117 euros. Consta en el expediente que el material fue entregado al IASS, el 24 de abril de 2020, con posterioridad al envío de las dos facturas".

Así lo ha explicado Susín. Pero es que, además, en ese cúmulo de informes y papeleo, resulta que también había varios que desaconsejaban esta compra y que ya hablaban a las claras de que ese material era defectuoso: "Consta también en el expediente administrativo distintos informes que ponen de manifiesto reparos en relación con la calidad por parte del material. En concreto, el que se identifica como mascarillas de uso médico".

¿Y cuánto constaron las mascarillas sanitarias?

"Fueron facturadas a 4,15 euros la unidad, de las que de acuerdo con la facturación se sirvieron 10.000 unidades", ha detallado Susín. Ese es el precio de las mascarillas médicas, las defectuosas. "Las otras mascarillas se facturaron a 0,756 euros, por tanto esas mascarillas, las defectuosas, se facturaron por cinco veces el importe de las otras", ha sentenciado la consejera.

Estos expedientes, que ya alertaban del material defectuoso, el 25 de mayo se remitieron a un laboratorio que corroboró que, efectivamente, era un material inservible.

¿Cuáles van a ser entonces los siguientes pasos ahora?

Ahora, el Gobierno de Aragón ya ha emitido la denuncia, con sus respectivos expedientes, a la Fiscalía. Son 10.000 mascarillas defectuosas y lo que se va a reclamar es el dinero a la empresa, al Grupo Santa Catalina. La cifra, por cierto, asciende a 25.382 euros, que es el dinero que pagó el IASS, el Servicio Aragonés de Servicios Sociales, por esas 10.000 mascarillas defectuosas. A eso, por cierto, cabría añadir los costes proporcionales del transporte.

Y un apunte más, para que quede clara la explicación. Se reclaman 25.382 euros, porque aunque las 10.000 mascarillas, a 4,15, tenían un valor de 41.5000 euros, a ese total hay que restarles los 16.117 euros de los que hablábamos antes y que, en esas dos facturas, el Gobierno de Aragón no llegó a abonar.