La Fiscalía ha imputado formalmente un delito de tráfico de influencias al ex viceconsejero de Administraciones Públicas del Principado Álvaro Álvarez, al que el Ministerio Público acusa de ofrecerse a influir, a cambio de dinero, en la adjudicación de un contrato para el desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés.

Álvarez, que ha eludido hacer declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados, ha tenido que acudir este lunes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Avilés con motivo de la comparecencia de formalización de la imputación.

Durante la comparecencia, la Fiscalía ha solicitado además un careo entre Álvarez y tres testigos para esclarecer las "contradicciones detectadas" en el procedimiento abierto contra el que fuera secretario general del PSOE de Avilés.

Según la Fiscalía, Álvarez mantuvo unareunión el 31 de diciembre de 2020 con varias personas en la que se ofreció a interesarse ante el Ayuntamiento de Avilés para que se realizara una adjudicación a una unión temporal de empresas, a cambio de una comisión del 1,5 por ciento en metálico.

La licitación ofertada por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) correspondía al contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés, con un valor estimado de unos 15,7 millones de euros.

Asimismo, Álvarez "manifestó que el porcentaje se podía mirar, en clara alusión a la posibilidad de negociarlo, y que tenía que tomar una decisión rápida porque los plazos para la adjudicación estaban muy cerca", según el relato de la Fiscalía, que considera que "estos hechos, de confirmarse, podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias".

El Ministerio Público ha formulado dicha imputación "sin perjuicio de que la misma pudiera modificarse a resultas del careo solicitado u otras pruebas que pudieran practicarse".

La Fiscalía formuló denuncia contra Álvarez en marzo del pasado año tras las diligencias de investigación incoadas a raíz de la denuncia interpuesta por el presidente de la mesa de contratación constituida para la licitación del contrato de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés por la sociedad pública Sepides.

A la licitación optaban tres empresas: la francesa Eiffage Infraestructuras, la navarra Construcciones Erribeirri y la UTE formada por la vizcaína Lezama Demoliciones y la asturiana Constructora Los Álamos.

Según la denuncia de Sepides, que gestiona el Parque Empresarial Principado de Asturias donde se ubica la instalación ahora en fase de desmantelamiento, esta última compañía les informó de que el 31 de diciembre su socia en la UTE mantuvo un breve encuentro con Álvarez, que se ofreció a ayudar a la adjudicación del contrato a cambio de una comisión.

Tras conocer la denuncia, Álvarez consideró "poco sólido y nada creíble" que se le atribuya "una capacidad de influencia" de la que carece "por completo" en ese procedimiento de contratación dado que no ejerce ningún papel ni representación institucional.

No obstante, admitió que mantuvo un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y de Constructora Los Álamos a iniciativa de ésta última en su calidad de contratista habitual de la compañía vizcaína en Asturias por el interés de esta en conocerlo y de ambas empresas en conocer su opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras.

Además, incidió en que SEPIDES ya había hecho público que tres de las empresas que presentaron sus propuestas estaban admitidas y que en ese encuentro Lezama "reconoció que estaban muy bien posicionados y tenían muchas posibilidades de ganar el concurso" lo que hace, a su juicio, "todavía más incomprensible" el supuesto intento de intermediación.

Álvarez, que fue suspendido temporalmente de militancia a petición propia en su partido, fue secretario general del PSOE de Avilés entre 1990 y 2012, concejal durante dieciocho años y diputado en el parlamento autonómico en dos legislaturas, entre 2003 y 2011. EFE