La Comisión Europea ha puesto en entredicho la prórroga del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66) hasta el año 2050. Bruselas concluye que en el año 2000 el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar vulneró la normativa comunitaria cuando alargó la concesión de la AP-66 que explota Aucalsa. El contrato debía expirar en el año 2021 y se amplió hasta 2050 a cambio de una contención de tarifas pero "no aplicó los procedimientos de licitación", al no haber hecho un concurso público, tal y como establece la directiva de 1993 para que pudieran optar otras empresas interesadas en la gestión de la autopista que comunica Asturias y León. La operación tampoco fue publicada en el boletín oficial de la UE.

¿Y ahora qué pasa?

Bruselas ha dado dos meses de plazo al Gobierno de España para que presente las alegaciones oportunas y las alternativas para complir con la normativa comunitaria. ¿Significa eso que el peaje puede ser suprimido? La abogada Marta Álvarez de Linera, experta en Derecho Administrativo, ha aclarado en COPE que el expediente de la Comisión Europea "no obliga a eliminar de inmediato" el correspondiente pago por el uso de la Autopista del Huerna.

La posición de la UE pone en entredicho el peaje pero no supondrá ningún cambio, al menos, a corto plazo. A partir de ahora se abre un procedimiento administrativo que "va a ser largo". Álvarez de Linera sí ve en este pronunciamiento "una esperanza" para situar más cerca la eliminación de las tasas que aplica Aucalsa a los vehículos que circulan por la AP-66.

"No nos creemos nada"

La noticia no ha sido recibida con especial entusiasmo por parte de los usuarios de la Autopista del Huerna que, aunque están deseosos de no pagar el peaje, dudan que ese momento esté más próximo. Los transportistas dan por hecho que la pelea administrativa "va a ir para largo" y "no quieren quitarlo".

El presidente de la patronal CESINTRA, Alejandro García Monjardín, se alegra de que Bruselas "nos haya dado la razón, pero no nos creemos nada".

Viene de lejos

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El pronunciamiento de la Comisión Europea llega tras una denuncia presentada por Podemos en el año 2021 al considerar que el peaje era ilegal. El exdiputado Daniel Ripa acudió a la vía europea después de que Bruselas advirtiese de irregularidades en la concesión de la AP-9 a Audasa, que se hizo en condiciones muy similares a la AP-66 de Asturias.