En un sistema marcado por la burocracia y la complejidad, miles de personas en Canarias, se encuentran en situación de discapacidad, atrapadas en un laberinto de trámites y espera en su búsqueda por obtener el reconocimiento, Con cada paso, enfrentan obstáculos que desafían su paciencia y ponen a prueba su determinación.

En las oficinas de atención social y de salud, los solicitantes esperan hasta 5 años para ser atendidos, solo para ser redirigidos a otros departamentos o remitidos a llenar interminables formularios, esta sensación de desamparo y frustración se convierte en el compañero constante de aquellos que anhelan un alivio para sus dificultades físicas o mentales. Los meses se convierten en años mientras los expedientes pasan de un escritorio a otro, sumergiéndose en un mar de papeleo y procedimientos administrativos.

"Es una situación de espera y desespero"

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y presidente de CERMI, Juan Carlos Hernández quien relató la travesía por el desierto que en Canarias supone el reconocimiento de la discapacidad, a su juicio la demora genera “esperar y desesperar”, apunta que el reconocimiento de la discapacidad es un trámite “fundamental y necesario” porque sin el mismo no se tendría acceso a los derechos que se le confiere, “accesibilidad, estudios universitarios, acceso a vivienda, transportes”, e incluso a la atención en caso de violencia de género, considera que sin el grado “es imposible tener una vida igual que los demás en la medida de lo posible”

Esta insoportable espera que en ocasiones incluso se cifra en 65 meses es una losa para las familias, “los afectados e incluso los cuidadores” porque en ocasiones el principal sustento proviene del familiar que sufre esa discapacidad y esto trae un empobrecimiento injusto del seno familiar “solo porque las administraciones son incapaces de sacar los expedientes adelante”.

“Llevo dos años esperando la revisión de mi discapacidad”

Siempre es necesaria una revisión del grado de discapacidad, y aquí vuelven otra vez a la casilla de salida, hay casos en los que la enfermedad es degenerativa por lo que es necesario una nueva exploración para adaptar sus ayudas, ejemplo de este retraso es el caso de Sergio Barrera, sufre una enfermedad rara degenerativa que debilita su masa muscular con el consiguiente menoscabo para su día a día, “ya tengo que utilizar bastón para poder caminar, asegura. Barrera tiene reconocido un grado del 33 %, cuando lo valoraron, en 2014 ya llevaba esperando dos años, desde noviembre de 2012, cuando le diagnosticaron su enfermedad y el consiguiente derecho a la discapacidad.

Ahora se encuentra en una encrucijada porque su enfermedad avanza deteriorando su físico, por lo que se entiende es necesario revisar su grado de discapacidad que "sin duda debería ser muy superior al que tiene aprobado", sin embargo, lleva esperando desde marzo de 2022 “y todavía nada,” se lamenta; "llevo dos años esperando mientras la enfermedad continúa su avance", incluso le dieron la opción de solicitarla de forma presencial o a través del teléfono, dada su condición decidió hacerla por comunicación telefónica “y me dieron para junio de este año”. Asegura que el sistema no ha mejorado “absolutamente nada” y critica que la administración no sea más seria con un problema que afecta a gran parte de la ciudadanía.

Canarias a la cabeza de la demora en reconocimiento de discapacidad

Según un informe de CERMI, elaborado a través de las organizaciones territoriales, Canarias es una de las comunidades de España que más tarde para reconocer el grado de una discapacidad, en el estudio se refleja que la gran mayoría del motivo de las demoras es debido a la escasez de personal con un 94,75 %, el 78,95 % se debe a los procedimientos complejos y la insuficiencia de centros se cifra en un 36,84 %.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, insiste en el “abandono institucional” que sufren las personas con discapacidad, criticando el comportamiento de muchos diputados porque cuando presenta su conclusión en el parlamento “todos los diputados me dan la razón, pero después no cambian el presupuesto”.

Una vez obtenido el grado, es momento de celebración y alivio para aquellos que han atravesado el desierto de la incertidumbre y la desesperación. Pero también es un recordatorio de la necesidad de seguir luchando por un sistema más ágil y sensible a las necesidades de quienes más lo necesitan.

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En medio de la espera interminable, la voz de aquellos que buscan justicia y reconocimiento resuena más fuerte que nunca. Su lucha no ha terminado, pero cada pequeña victoria es un paso hacia un futuro donde la discapacidad ya no sea sinónimo de marginación, sino de inclusión y dignidad.