En medio de una creciente crisis migratoria, Canarias se encuentra frente a un desafío sin precedentes: la absorción de una cantidad abrumadora de menores inmigrantes no acompañados. Esta situación plantea interrogantes profundos sobre la capacidad de la región para proporcionar recursos adecuados y atención adecuada a estos jóvenes vulnerables. El Archipiélago tutela 5.500 y los recursos, desde hace tiempo, son insuficientes para adaptar una política integradora y adecuada a las necesidades de los menores.

En su momento, las Comunidades Autónomas mostraron su solidaridad aceptando a más de 200.000 refugiados ucranianos que huían de su país debido a la invasión de Rusia, esta fraternidad no se ha visto con los menores no acompañados que continúan 'encarcelados' en un territorio limitado y fragmentado y las regiones, salvo alguna que otra y siempre un número muy ínfimo, se niegan a mostrar respaldo a Canarias.

"Es una pena que se tenga que reformar la ley para que las regiones acepten el reparto de menores inmigrantes, no acompañados"

La única posibilidad que ofrece el comportamiento insolidario de las regiones, es reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, por ley, acepten el reparto de los menores no inmigrantes. Por Herrera en COPE Gran Canaria, pasó la especialista en extranjería, Vania Oliveros quien reconoció que la modificación de este precepto “es la gran esperanza para garantizar los derechos de los niños y niñas adolescentes para que pueda integrarse en la sociedad y acceder a estudios y una formación laboral”.

No obstante, es necesario que los grupos parlamentarios den el sí a la propuesta que plantea el Gobierno y “al ser una ley orgánica y al pertenecer al catálogo de los derechos fundamentales y libertades públicas, es necesario una mayoría absoluta.”. Oliveros lamenta que se haya tenido que llegar al extremo de tener que reformar un artículo porque muestra la insolidaridad que tienen las comunidades y advierte que una vez se apruebe y se publique “se dará el reparto de los menores no acompañados”, además reconoce que si finalmente se aprueba la propuesta “al igual que se hizo con la población ucraniana, se podrá dotar a estos niños de un futuro”.

Oliveros también visibilizar otro problema con los que se encuentran los profesionales del derecho, "hay un colapso de niños y niñas adolescentes y es la declaración de desamparo", asegura que la falta de técnicos "dificulta la declaración", y advierte que es un proceso que se realiza con anterioridad y necesaria para poder repartir al menor no acompañado, no obstante, cree que la situación de urgencia es tal que sin esta declaración se podrá habilitar la distribución de chicos y chicas.

Las Comunidades Autónomas tendrán que negociar un cupo

Se estima que cada comunidad tendrá un cupo determinado de inmigrantes menores, una vez se supere el mismo, se podrá habilitar la posibilidad de reparto, este cupo se establecerá en función de los centros de acogida instalados en cada comunidad, Canarias tiene en torno 70, pero es una cantidad extralimitada porque a tenor de la negativa de las comunidades, se han tenido que construir recursos adicionales para atenderlos.

La problemática de que una región sola absorba muchos menores inmigrantes no acompañados es un llamado a la acción tanto a nivel local como global. Se necesita una respuesta coordinada y compasiva que aborde tanto las necesidades inmediatas de los menores inmigrantes como las causas subyacentes de la migración forzada. Es solo a través del compromiso conjunto y la solidaridad que podemos construir un futuro más seguro y esperanzador para todos.