La Plataforma 'No a la Mina de Fontanarejo y Arroba de los Montes' ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la concesión de explotación del proyecto de mina de fosfatos de Fontanarejo (Ciudad Real).

Recurso presentado el pasado 3 de diciembre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, contra la resolución dictada por el Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real que otorga la concesión de explotación minera denominada 'Sol-2'. Igualmente, a través de este recurso se impugna la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En COPE José Sarrión, miembro de la plataforma, ha señalado que el objetivo de este recurso es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "revoque" estas resoluciones.

La concesión de explotación se otorga a la empresa Alcudia Phosphates S.L., cuya administradora única es Fertiberia S.A., hasta hace poco filial de Alcudia Mining S.L., propietaria de otra concesión minera en la provincia de Ciudad Real, en este caso, la denomina 'El Moto' en Abenójar.

"PÉSIMA" CALIDAD DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

Ambos proyectos mineros han sido tramitado por un equipo técnico que, según la plataforma, destaca "por la pésima calidad de sus estudios", a lo que se une la permisividad del Servicio de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Plataforma ha acompañado su recurso de seis informes redactados por expertos vinculados al ámbito académico y profesional, que han presentado un conjunto de pruebas para demostrar que la DIA se realizó sin contar con un inventario suficiente del medio ambiente y humano que permitiera evaluar, corregir o compensar los impactos ambientales de este proyecto.

También señalan que se ha eludido la participación pública para valorar los estudios hidrológicos y de afección por vibraciones y partículas en suspensión, puesto que se ha permitido a la promotora presentarlos posteriormente a la concesión de explotación sin pasar por el proceso de evaluación ambiental, lo que contraviene la ley.

La base del recurso son los "excepcionales" valores naturales de la zona como la flora, la fauna, el paisaje y la geología que son recursos para el desarrollo sostenible de una zona próxima al Parque Nacional de Cabañeros en la que existen varios yacimientos de fósiles de importancia internacional, y donde se pueden ver hasta 14 especies de rapaces en época de reproducción.

Además,el lugar donde se prevé instalar la mina de fosfato, sirve de conexión ecológica entre el Parque Nacional de Cabañeros, los Montes de Toledo, el Guadiana, Sierra Morena y otras áreas de la Red Natura 2000.

Mientras la DIA niega estos valores y no establece medidas efectivas, los estudios presentados por la Plataforma afirman que el impacto podría ser "crítico" para algunas especies amenazadas entre las que se encuentra el águila real, águila perdicera, buitre negro y lince.

Así mismo, avanzan que en materia de hidrogeología no han sido estudiados realmente los impactos, por lo que el pretendido vertido cero, han señalado, "se convierte en un acto de fe y la contaminación por las filtraciones de aguas ácidas podrían llegar incluso al embalse de Cíjara, en la provincia de Badajoz.

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En el caso de las partículas en suspensión, los estudios de la plataforma señalan que "no se conoce la composición de los materiales que saldrán dispersados por las voladuras".

En el recurso se expone que "hay radiactividad y emisiones de radón naturales pero no se ha estudiado ni evaluado cómo podría afectar a la población".

Según una simulación informática presentada como prueba, las partículas finas y ultrafinas en suspensión llegarán al pueblo y a los espacios protegidos cercanos; los habitantes respirarán estas partículas y las emitidas por el motor diésel de la planta de tratamiento, pero no se ha estudiado cómo afectarán a su salud.

Para la plataforma, los promotores hasta el momento no han hecho sino negar y falsear la realidad, de manera que se pone en riesgo la salud humana, los recursos hídricos, geológicos y turísticos, la conservación de especies protegidas y la economía de los pueblos próximos.

Concluyen que el proyecto supone sacrificar el futuro de Fontanarejo y la salud de sus habitantes, mientras los beneficios irán a manos privadas.