No podían salir de casa más que para comprar comida. Ni siquiera tenían llave de la vivienda en la que, según la Policía Nacional, vivían prácticamente encerradas en Valladolid, con la obligación de abonar 100 euros semanales en concepto de alquiler a su arrendador, a quien le pagaban también la mitad de las ganancias que obtenían por los servicios sexuales que prestaban en su domicilio.

Cuando salían de casa lo hacían siempre bajo un estricto control de quien, presuntamente, las explotaba sexualmente y amenazaba, de un varón que ha sido ya detenido y que llegó a retener el pasaporte a una de sus víctimas, ajena por completo al mundo de la prostitución cuando llegó a esa casa, atraída por un alquiler económico. Una vez allí se vio obligada a estar disponible 24 horas al día para los clientes que le buscaba su casero, que se convirtió también en su verdugo. Llegando, incluso, a obligarla a ejercer la prostitución sin protección.

Es el último caso conocido de delitos contra la libertad sexual, que han aumentado un 6,3 por ciento en la provincia de Valladolid, pese al descenso del 6,1 por ciento que han experimentado las infracciones penales durante 2023, según el último Balance Trimestral de Criminalidad.

De las cifras que recoge el Ministerio del Interior destaca el incremento en un 237,5 por ciento de las agresiones sexuales, aumentando desde las ocho registradas en 2022 a las 27 de 2023. Es decir, en Valladolid se ha producido aproximadamente una agresión sexual cada 13 días. Pero al margen de las cifras en la Asociación de Asistencia de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) reconocen su preocupación por los perfiles que llegan a su sede en Valladolid. Sofía Larrea, trabajadora social de Adavasymt, ha señalado en Mediodía COPE en Valladolid que “las víctimas cada vez son más jóvenes”. “También aumenta”, ha apuntado, “el número de agresores menores de edad”.

En Adavasymt atienden tanto casos recientes como a mujeres que sufrieron agresiones sexuales en su infancia o siendo aún menores de edad. Y esa es una realidad, la de las víctimas que no se atreven a denunciar que, aunque se viene reduciendo, sigue existiendo.

¿Por qué aumentan las agresiones sexuales?

Durante 2023 en Castilla y León se produjo, aproximadamente, una agresión sexual cada dos días. Este tipo de delitos ha subido un 29,9 por ciento con respecto al año anterior. De enero a diciembre, según las cifras recogidas en el último Balance Trimestral de Criminalidad que elabora el Ministerio del Interior, se cometieron 139 agresiones sexuales. Son 32 más que en el mismo período de 2022.

Las agresiones sexuales han subido en cinco de las nueve provincias de Castilla y León. De hecho, los delitos contra la libertad sexual —ahí entran otros, como el acoso y el ciberacoso o la explotación sexual— solo han bajado porcentualmente en las provincias de Palencia y Soria. En Segovia se mantienen con respecto a 2022, no hay variación.

No hay un perfil definido de agresor que ayude a encontrar una respuesta. Hay otras tesis que apuntan que a más denuncias, más afloran este tipo de delitos. Pero los investigadores consultados por COPE sí apuntan al consumo de pornografía como un peligroso caldo de cultivo. Sobre todo, en edades tempranas. Natalia Castán, portavoz del sindicato JUPOL en Valladolid, ha alertado en Herrera en COPE en Castilla y León del hecho de que el perfil de agresor sexual es “variado”. Pero “en menores”, ha argumentado Castán, “hay un repunte porque consumen pornografía muy fuerte, que les empuja a cometer” este tipo de delitos.

Criminalidad en Castilla y León

Palencia es la provincia de Castilla y León con la tasa de criminalidad más baja: 31 puntos y medio. Es decir, seis puntos por debajo de la media regional a cierre de 2023. Completan el podio Zamora y Valladolid. Estas son las tres provincias más seguras de Castilla y León: Palencia, Zamora y Valladolid. Y por ese orden.

En el lado opuesto del Balance Trimestral de Criminalidad, que elabora el Ministerio del Interior, encontramos a Soria. A esta provincia, una de las más despobladas de España, le castiga esta tasa, que mide el volumen de delitos por cada 1.000 habitantes. Allí la tasa de criminalidad subió tres puntos en un año y cerró 2023 en 41 y medio. Es decir, cuatro puntos por encima de la media regional.

En Castilla y León, según cifras de la Delegación del Gobierno, hay 9.945 agendas de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados. Son un seis por ciento más que en 2016, año de referencia utilizado por la Delegación del Gobierno. Ellos han hecho frente a algo más de 88.900 infracciones penales. En su conjunto han aumentado un dos y medio por ciento. La criminalidad convencional, que sigue siendo la mayoritaria, ha descendido un tres por ciento. Pero la cibercriminalidad ha subido concretamente un 19,4 por ciento.

De los 13 ítems que se analizan en el Balance de Criminalidad bajan la incidencia de nueve en Castilla y León. Pero en su conjunto, en menor porcentaje que el resto de delitos. Un caso singular es el de los secuestros, que bajan un 100 por 100. No ha habido secuestros en 2023 en Castilla y León.

¿Y cuáles son los delitos que se incrementan? Además de los ya citados, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, un 23 por ciento; y los robos con violencia e intimidación, un 14 por ciento.

Criminalidad en Valladolid

Valladolid es la tercera provincia más segura de Castilla y León, con una tasa de criminalidad de 36,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Solo por detrás de Palencia y Zamora.

Esa tasa, precisamente, según ha explicado en Herrera en COPE en Valladolid el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, es uno de los criterios que junto con la población determinan el reparto de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en un territorio.

En Valladolid, entre la provincia y la capital, hay 1.600 agentes desplegados, que han hecho frente a algo más de 19.000 infracciones penales durante 2023. Esta misma semana el Boletín Oficial de la Guardia Civil ha publicado cinco vacantes para reforzar la seguridad ciudadana en Valladolid. Con los agentes que hay y los que puedan llegar tendrá que atenderse el futuro cuartel de Arroyo de la Encomienda.

Por lo que gana peso la posibilidad de que este nuevo cuartel suponga el cierre de alguno de los que ya existen, según ha reconocido el propio Canales. Aunque aún hoy es una posibilidad, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya apuntan la posibilidad de que el cuartel que se clausure en beneficio del de Arroyo sea el de Zaratán.

Además de los delitos contra la libertad sexual, en Valladolid han aumentado un 300 por ciento los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa; un ocho por ciento, los delitos de lesiones y las riñas tumultuarias; un 21 por ciento, los robos con violencia e intimidación; y un 9,4 por ciento los crímenes relacionados con Internet.

El aumento de lo que se conoce como cibercriminalidad, frente al descenso de la criminalidad convencional, que cae más de un 11 por ciento, explica la modernización de Policía Nacional y Guardia Civil, con unidades destinadas a este tipo de delitos, cuyos resultados ha destacado el propio subdelegado del Gobierno en Valladolid. “Prácticamente todas las semanas tenemos alguna desarticulación de algún grupo de este tipo”, ha señalado. Ante este tipo de delitos y con el objetivo de que “no calen” Canales ha reconocido que “las administraciones tienen que formar a la población”.