Castilla y León se une a otras comunidades autónomas que, como Madrid, exigen al Gobierno de España que convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración tras el traslado de 395 inmigrantes procedentes desde Canarias.

El Ejecutivo autonómico asume que los movimientos migratorios competen al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, pero los 395 inmigrantes que han sido trasladados desde Canarias podrían necesitar asistencia sanitaria o de los Servicios Sociales o educativos. Todos ellos de competencia autonómica, según ha recordado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.

La consejera Isabel Blanco quiere saber, además, si entre esos 395 inmigrantes hay menores extranjeros no acompañados. Porque en ese caso "pasarían a ser tutelados por la Junta de Castilla y León".

Plazo de 48 horas

Por estos motivos Castilla y León ha exigido la convocatoria "urgente" de la Conferencia Sectorial de Inmigración. "A la mayor brevedad posible", ha señalado Blanco, que ha dado al Gobierno de España un plazo de 48 horas antes de que proceda a reclamarla "por escrito".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha vuelto a denunciar la falta de información previa. En la Junta de Castilla y León afirman desconocer cuántos inmigrantes van a ser desplazados desde Canarias a Castilla y León —aunque desde la Delegación del Gobierno se han acogido públicamente a esa cifra de 395—. Tampoco la "hoja de ruta" que seguirá el Gobierno ante la crisis migratoria.

Críticas al ministro Escrivá

Ni el Ministerio que dirige José Luis Escrivá ni la Delegación del Gobierno informaron, insiste la consejera, que ha lamentado que esta situación explotara tras el traslado de 183 inmigrantes a un balneario del municipio vallisoletano de Medina del Campo, iniciados ya otros realojos en otras cinco capitales de provincia.

La "deslealtad" y el "oscurantismo", ha asegurado Blanco, son práctica "habitual" en el Gobierno de España. Y, más concretamente, en sus relaciones con los gobiernos autonómicos. La consejera ha lamentado la "actitud" del Ejecutivo central y, especialmente, la del ministro Escrivá ante una crisis migratoria que para la consejera debería ser elevada a rango de "prioridad nacional".