La posibilidad de que el uso de la mascarilla se convirtiera en obligatorio en todos los ámbitos, más allá de los supuestos ya contemplados en el Plan de Medidas para la “nueva normalidad”, ha sido objeto de debate en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

“Nos lo hemos planteado”, ha reconocido el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, pero “no es el momento”. La decisión se ha adoptado atendiendo a la incidencia del COVID-19, que en Castilla y León es “muy inferior” a la de otras comunidades que han dado ya el paso.

El uso de la mascarilla sigue recomendándose “fuertemente”, ha afirmado la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Especialmente, en entorno urbanos, ha puntualizado Igea, donde ha llamado a hacer un uso “continuado” de ella.

Por el momento, en espacios abiertos donde sea posible respetar la distancia interpersonal, fijada en un metro y medio, no será obligatorio hacer uso de la mascarilla. Sin embargo, lo que a día de hoy es una recomendación podría “pasar a obligación”, ha advertido Igea. La consejera de Sanidad no ha ocultado el “miedo” a un previsible aumento de la movilidad y del contacto entre personas durante el período estival, por lo que “si hay algún cambio” en la evolución epidemiológica la Junta adoptaría “otras decisiones”.

Pese a considerar que “no es el momento” de “imponer” nuevas medidas “coercitivas”, como ha calificado la obligatoriedad de usar mascarilla en cualquier circunstancia, el vicepresidente y portavoz de la Junta ha exigido que se “extremen” las sanciones. Igea ha avanzado que el Gobierno autonómico se dirigirá a instituciones municipales y cuerpos policiales a su cargo para que procedan “de manera rigurosa” contra quienes “de forma insolidaria” incumplen las normas fijadas tras decaer el Estado de Alarma “o creen que no van con ellos”.