La Junta de Castilla y León rechaza de forma “rotunda” la nueva ley de Vivienda del gobierno central por su falta de consenso con las autonomías, en las que reside de forma exclusiva las competencias, pero también porque desprotege a los propietarios de inmuebles. Para la directora general de Vivienda, María Pardo, la nueva normativa genera un efecto llamada a la 'okupación'. Para contrarrestarlo, ha anunciado en COPE que el próximo mes de mayo comenzará a funcionar una Ventanilla de información, de la mano de la Cámara de la propiedad urbana, para atender al propietario afectado.

Una Ventanilla autonómica que nace con un doble objetivo: “Para que tengan nuestro aliento y apoyo, y para reaccionar lo más rápido posible y protegerles en un estado de derecho. Transmitir que cuentan con el apoyo para salir adelante”, explica Pardo quien precisa que en este caso las autonomías carecen de competencia y es algo que corresponde al legislador nacional.

En contra de limitar el precio del alquiler

Pardo pide sensatez al ejecutivo central al que recuerda la exclusividad de las competencias en materia de vivienda, por esta razón insiste en que Castilla y León no iniciará un procedimiento de limitación del precio del alquiler. “Va en contra de lo que necesita el mercado, queremos garantizar el derecho de propiedad porque el mercado lo que está haciendo es detraerse”.

Insiste en que el mercado necesita más viviendas en alquiler “y nos encostramos con una ley que no garantiza que haya suficientes. Es una mala noticia y no la vamos a poner en marcha porque hay que declarar unas zonas tensionadas y estamos en contra de políticas que asustan a los propietarios”.

Viviendas de alquiler social

La directora general de la Vivienda en Castilla y León califica de “fiebre inmobiliaria en periodo electoral” los anuncios realizados en las últimas semanas por Pedro Sánchez, especialmente al anuncio de las 20.000 viviendas de alquiler social que se levantarán en terrenos militares. Pide “seriedad porque no se puede dar información cuando no hay ninguna noticia específica de dónde se ubicarían y qué tipo de viviendas estarían disponibles”.

Explica que el procedimiento será complejo por cuanto el Ministerio de Defensa ya avisa de que no se podrán ceder. “Serán a largo plazo también por el coste de construcción de esos antiguos cuarteles y terrenos de defensa que ya han sido licitados y han quedado desiertos puesto que el precio es muy elevado”. En este sentido, Pardo se pregunta también si a las constructoras les va a salir las cuentas y si los ayuntamientos podrán asumir los elevados costes.