Más de 50 entidades han convocado una manifestación el sábado desde la plaza Universitat de Barcelona a las 18 horas bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio. Con estos precios no podemos vivir', aunque no han querido detallar el recorrido de la marcha.

Ha sido presentada este viernes en rueda de prensa ante la Delegación del Gobierno la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Sindicat de Llogateres, Comissió Jurídica del Congrés per l'Habitatge y CGT e IAC como representantes de la Taula Sindical de Catalunya.

Lucía Delgado (PAH) ha exigido una Ley de Vivienda "que garantice el derecho a la vivienda digna" frente a los desahucios, obligue a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales y acabe con las deudas de por vida, y ha pedido al Gobierno que "esté a la altura" e incluya las enmiendas de las entidades en el texto de la nueva ley.

Por parte del Sindicat de Llogateres, Guillem Aragonès ha asegurado que "el lobby inmobiliario haya aprovechado" la pandemia para volver a subir los alquileres y ha pedido na regulación de precios que permita pinchar la burbuja, ha dicho textualmente.

Para el portavoz de la comisión jurídica del Congrés de l'Habitatge Max Carbonell, en los últimos meses ha subido la presión policial, y atribuye al Govern "una estrategia global de represión contra el movimiento".

Según él, esta presión se ha intensificado "tanto cuantitativa como cualitativamente" y los activistas suman multas por más de 400.000 euros tras ser identificados intentando frenar desahucios.

Maria Campuzano (APE) ha criticado los "precios insostenibles" de los suministros y otros productos básicos a causa de la inflación y que, paralelamente, las empresas energéticas hayan anunciado beneficios multimillonarios.

Iru Moner, de CGT, ha llamado a iniciar "un nuevo ciclo de lucha" para recuperar derechos, salarios y leyes de protección social en un contexto que ha definido como de empobrecimiento de la clase trabajadora. Y la portavoz de IAC, Iolanda Segura, ha considerado "indecente que, con un sueldo de 1.000 euros", la población no se pueda permitir una vivienda digna.