El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha explicado este miércoles que el Ayuntamiento ha calculado que el coste los disturbios en la capital catalana tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel asciende a 1.100.000 euros.

Batlle ha avanzado algunas de las cifras más significativas del informe que está elaborando el ayuntamiento sobre la semana de protestas violentas en una sesión extraordinaria de la comisión de Seguridad convocada a petición de los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular.

Junto al cálculo del coste de los daños en el espacio público, el teniente de alcalde ha destacado que en las protestas violentas de hace 15 días se quemaron 300 contenedores, resultaron afectados más de 4.850 m² (metros cuadrados) de suelo público y que el coste de los daños en el material de la guardia Urbana, incluidos los de la furgoneta incendiada, ascienden a 30.000 euros.

También ha explicado que el informe de la Guardia Urbana sobre el trabajo conjunto con los Mossos d'Esquadra indica que detuvieron a 40 personas e identificaron a 150 más por los altercados y saqueos y que la comisaria de la Rambla, donde hubo el atentado a la furgoneta policial, tenia la protección adecuada.

Ha asegurado que los responsables de las acciones violentas en estas protestas fueron "los mismos que en los altercados de octubre de 2019 (contra por la sentencia del "procés") y los mismos que atentaron contra el Ayuntamiento en otoño".

El teniente de alcalde ha anunciado que en la Junta de Seguridad Local que la alcaldesa Ada Colau ha convocado para el próximo 24 de marzo se tratará como punto específico el fenómeno de los altercados violentos que ha sufrido la ciudad en las semanas pasadas.

Albert Batlle ha celebrado que los disturbios hayan acabado pero ha advertido que tras dos semanas sin altercados "se anuncia otro fin semana" de protestas callejeras.

Ha asegurado que si se registran actos violentos se actuará de nuevo con "contundencia y firmeza" y que hay "unidad de criterio institucional y operacional" entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y sus policías.