El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad, de forma que en 2029 no quede ninguno de los 10.101 que funcionan en la actualidad.

Además, el consistorio llevará a cabo la modificación de la normativa que implementó la exalcaldesa Ada Colau, que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. Las dos medidas necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha planteado no renovar las licencias de los que existen actualmente en la ciudad para que en noviembre de 2028 pasen a ser residenciales. Para ello, ha explicado que aplicarán al máximo el decreto ley aprobado por la Generalitat el 7 de noviembre que regula el uso de esta tipología de viviendas en municipios tensionados en este ámbito, como Barcelona.

Así, en noviembre del 2028, cuando pasen cinco años de la entrada en vigor del decreto, estos pisos perderán la licencia de turísticos y el consistorio no impulsará planeamiento urbanístico alguno para mantener esta figura. Por otra parte, ha propuesto acumular la reserva del 30% de vivienda protegida también en parcelas de barrios adyacentes.