María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, no acaba de entender por qué la Fiscalía no hace público el nombre de la residencia de Barcelona, donde 15 ancianos fueron hospitalizados y ocho murieron por salmonela.

(ESCUCHA AQUÍ A MARÍA JOSÉ CARCELÉN, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA DE FAMILIARES DE RESIDENCIAS 5+1)

El ministerio público indica que a finales de julio de 2022 hubo un brote de salmonela que afectó a 89 personas. El fiscal afirma que el brote no se notificó.

De hecho, el administrador único de la empresa que gestiona la residencia, la directora, la gobernanta y una doctora no notificaron ninguno de los casos y negaron el contagio de 33 de los residentes. Además, solo comunicaron uno de los 8 fallecimientos, cuando tenían la obligación de notificar todos.

El Servicio de Epidemiología (SEPID) ha apuntado que “ante la sospecha de que los denunciados ocultaban información y nuevos contagios”, se abrió una investigación recabando informes médicos en los que presuntamente se confirma como los denunciados no habían comunicado el brote a las autoridades sanitarias, ni tampoco la existencia de más casos de contagio en otras plantas”.

Además, cuando se notificó el brote, se personó en el centro un equipo de sanitarios y pudieron constatar "una importante deficiencia en la higiene y la limpieza de las salas".

Más allá de todo esto, el fiscal ha advertido que, durante el brote, se administró el antibiótico Ciprofloxacino a varios residentes “sin que conste motivo o diagnóstico alguno que justificara el consumo de ese fármaco ni se hubiera solicitado su prescripción”.