La posibilidad de que las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés regresen. Por ahora es una hipótesis que podría terminar salpicando a la provincia. En total, han sido más de 200 las empresas que se instalaron en Castellón y más del 70% permanecen aquí.

La Constitución Española, en su artículo 38, establece la libertad empresa como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A eso se aferran, por ejemplo, en la Cámara de Comercio. Su director gerente, Javier Valls ha hecho referencia y considera que “los accionistas o socios de una empresa pueden establecer el domicilio social donde política, económica y empresarialmente les interese”. No contemplan un escenario que atente contra esa liberta en “el marco de la economía de mercado”.

Una opción que hoy también ha sido analizado en Herrera en COPE con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi: “Me parece alucinante”, le ha llegado a comentar a Carlos Herrera. Recordando que a las 8.000 empresas que salieron de Cataluña tomaron la decisión “muy a pesar suyo”.

¿Puede sancionar el gobierno de España a las empresas que no regresen a Cataluña?

Para tratar de resolver algunos de esos interrogantes le hemos preguntado al abogado Adrián Marqués, que ha asegurado que “no parece posible o viable que se pueda imponer una sanción”, aunque “vistos los últimos acontecimientos, parece que existen pocas certezas jurídicas”, ha recalcado.

Las empresas estarían blindadas también por la normativa comunitaria, que “siempre ofrece una mayor seguridad jurídica que la nacional”. En los incentivos sí podría encontrar el gobierno de España una posibilidad para tratar de contentar a sus socios: “Si la ayuda no es directa, sino que se realiza a través de algún tipo de bonificación o ventaja fiscal, quizás sí podría encontrar acomodo”, ha explicado.