El 9 de noviembre de 2022, la consejera Begoña García Bernal anunciaba que la Junta había dado luz verde al convenio con los regantes para la financiación del regadío de Tierra de Barros. “Hoy, la Junta pone encima de la mesa 207 millones de euros…”, comentada por aquel entonces la que, a día de hoy, es secretaria de Estado de Agricultura.

García Bernal no tenía dudas de que “este proyecto da un paso firme hoy con la financiación del mismo. Las miradas a corto plazo en la política no valen, no sirven. Hay un compromiso claro y manifiesto del gobierno de Fernández Vara con la comarca de Tierra de Barros”.

Un año antes de ese anuncio, el presidente de la Junta había enviado una carta al comisario de Agricultura en la que, a pesar de su convencimiento de que el proyecto cumplía con la normativa nacional y comunitaria, le comunicaba lo siguiente: “Nos comprometemos a retrasar la ejecución de este proyecto hasta que consigamos aclarar todas las dudas que origina, proporcionando cuanta información sea precisa y adoptando cuantas medidas se estimen necesarias para asegurar que le proyecto se ejecute de una forma adecuada”.

El comisario de Agricultura le respondía: “Acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros, y su compromiso de no iniciar la ejecución hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión”.

Desde entonces -han pasado dos años y medio-, la postura de la Comisión Europea no ha cambiado un ápice, hasta el punto de que el consejero Higuero, tras la reunión de este miércoles con Europa y Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha declarado en COPE que el regadío “está hoy más lejos que ayer”. Además, la Junta ya se prepara para un plan B: destinar los fondos del PDR del regadío a otras medidas de desarrollo rural.