La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha mostrado "toda la colaboración del mundo" por parte del Ejecutivo autonómico ante el caso de las mascarillas aparecidas en un almacén del Palacio del Vino de Almendralejo.

Un material sanitario ante el cual deben ser "muy cautos y muy prudentes" y no hacer manifestaciones hasta contar con un "informe detallado de lo ocurrido".

En este sentido, ha señalado que la Junta ha puesto las mascarillas "en manos y conocimiento" de la Guardia Civil para que determine lo ocurrido tras encontrarse con "esta realidad" y "viendo también lo que se estaba fraguando en el entorno en momentos tan difíciles. Lo que queremos es que esto de alguna forma se identifique, y se decida qué es lo que había pasado".

PP y PSOE también se han pronunciado a raíz de la noticia publicada por COPE Extremadura este fin de semana, en la que informábamos de que decenas de miles de esas mascarillas fueron importadas por FCS Select, la empresa a la que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó cuatro contratos por un valor superior a los 260 millones de euros. El 10 por ciento de las mascarillas adquiridas eran defectuosas, como constató en un informe el Tribunal de Cuentas.

En Almendralejo, también ha aparecido material enviado por un fabricante chino que figura en una alerta de la Agencia Española de Medicamentos por contar en sus productos con un “certificado falso”.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado al secretario general del PSOE en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, que siga "escondido" al igual que el resto de su partido sin dar "explicaciones convincentes"

Este asunto deja un "escenario de dudas, de intereses, de relaciones, de comisiones ilegales, de compras irregulares", ha señalado Sánchez Juliá, que ha relacionado con "una trama que afecta al Partido Socialista" y cuya sombra "cada vez" es "más grande en Extremadura".

Por su parte, el PSOE de Extremadura considera que el PP quiere "hacer un caso donde no hay un caso", por lo que le ha pedido que "deje de intentar abrir tramas de corrupción que no existen".

En su intervención, Ferreira ha asegurado que el gerente de Sepad "sabía hace dos meses la existencia de esas mascarillas y ha mandado esa información a la Guardia Civil para hacer parecer una trama de corrupción ligada a la Junta de Extremadura que no existe", ya que según ha considerado "ha quedado claro que la Junta de Extremadura no ha tenido ningún contrato con las empresas que están vinculadas a esa trama del caso Koldo”.