El caso de las mascarillas encontradas en el Palacio del Vino de Almendralejo, lejos de diluirse, sigue ofreciéndonos nuevos capítulos en un serial que parece no llegar a su fin.

A pesar de que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, considera la investigación “finalizada”, al no haber “ninguna denuncia, ningún delito penal”, resulta llamativo que, en el Congreso Regional del PSOE, celebrado este sábado, el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra haya sacado a la palestra las mascarillas de Almendralejo, poniendo la “mano en el fuego” por Vara, Vergeles y el entonces director del SES. "Son personas decentes", añadió Ibarra.

Un día antes, el viernes 22, con motivo de la visita del delegado del Gobierno al Salón del Vino y la Aceituna, en la capital de Tierra de Barros, COPE le preguntó por las palabras de la presidenta de la Junta en la Asamblea, el jueves: “Le hemos preguntado al ministerio y no sabe el origen”, dijo Guardiola. Quintana contestó: “El origen, creo que sí se sabía, la empresa pública (Ingesa), dicho por la Junta de Extremadura”.

Para desentrañar esta madeja, nos situamos en junio de 2020, en plena pandemia. Por aquel entonces, el diputado del PP en la Asamblea de Extremadura Luis Alfonso Hernández Carrón había solicitado por escrito el importe y partidas de compras centralizadas de material sanitario que se habían llevado a cabo por la Junta a través del Ingesa.

Con fecha 15 de junio, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, dio respuesta a la petición a través de un escrito que iba acompañado de un anexo documental firmado por el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Las fechas de recepción del material se mueven en un periodo que va desde el 13 de marzo al 29 de abril. Hay todo tipo de productos sanitarios: respiradores, buzos, mascarillas, test, bolsas, apósitos, batas… En total, 2.500.341 unidades, para el centro logístico de Badajoz, como así figura en el listado de las compras centralizadas. No hubo facturas, según ha apuntado el Ejecutivo actual.

Por aquel entonces, el Ministerio de Sanidad había suscrito un acuerdo marco con las comunidades autónomas para la compra centralizada del material sanitario. El órgano de contratación era la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El montante superaba los 2.500 millones de euros, con IVA incluido, para toda España.

Al hilo de esa compra, este sábado, hemos conocido, a través del digital Vozpopuli, que Vox se ha querellado ante el Supremo contra el entonces ministro Illa “por los sospechosos contratos covid de 623 millones de euros”. Vox habla de “prevaricación, malversación y fraude” y recuerda que el exresponsable del Ingesa declaró que Illa “estaba al tanto de las contrataciones. Algunas de ellas se pagaron con fondos europeos”.

Volviendo con el listado de junio de 2020 y su relación con las mascarillas encontradas en Almendralejo, COPE se ha percatado de que aparecen unas unidades con el código 14052 que también figuran en los palés del Palacio del Vino. Por tanto, el origen, por lo menos, de parte del material encontrado por el SES, y del que se ha puesto en conocimiento a la Guardia Civil, fue enviado por el Ingesa a la Junta de Extremadura.

Hay que recordar, como viene contando COPE Extremadura, que decenas de miles de esas mascarillas no se podían usar. Pertenecían a la empresa FCS Select, que importó material defectuoso, y la que se vincula al exministro Illa.

Otro aspecto importante, que te viene contando COPE, es que la procedencia es de un fabricante chino que las coló en Europa con un “certificado falso”.