La Federación Extremeña de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) ha denunciado este jueves que el Sistema Nacional de Salud niega sillas de ruedas eléctricas a pacientes con parálisis cerebral con el argumento de que la normativa exige su manejo autónomo, algo que generalmente no pueden hacer estas personas con un alto grado de dependencia.

Por este motivo, la confederación nacional de Aspace ha lanzado la campaña de sensibilización "La rampa más llana del mundo" con la que quieren visibilizar que el 80% de las personas con parálisis cerebral precisa de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse, pero también el apoyo de otra persona para manejarla, por lo que muchas no consiguen financiación y se encuentran "con una rampa empinada que les impide llevar una vida como el resto".

En la campaña, pacientes y familiares relatan en un vídeo, en primera persona, lo que supone para sus vidas la denegación de este tipo de sillas y el hecho de tener que costear este recurso, cuyo precio alcanza los 6.000 euros, a lo que hay que sumar las reparaciones que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros.

Al no poder afrontar este gasto, muchas familias adquieren una silla manual manejada por el cuidador, que en el 71% de los casos es la madre del paciente.

Aspace recuerda que al asumir los cuidados estas mujeres renuncian a su carrera profesional y, además, reciben un impacto en su salud por el manejo de una silla sin un motor que reduzca su carga física.

De hecho, según indica, las madres de personas con parálisis cerebral precisan de tratamientos para el dolor e intervenciones quirúrgicas a causa de esa sobrecarga física, que acelera el proceso de envejecimiento y repercute en sus propios hijos.

En la campaña, Aspace subraya que la denegación de las sillas de ruedas eléctricas vulnera el derecho a la movilidad personal de quienes tienen grandes necesidades de apoyo. Sin este derecho, dicen, "las salidas al exterior de estas personas quedan limitadas e incluso pueden acabar recluidas en el hogar".

Por todo ello, solicita modificar el catálogo común de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud de forma que se pida como requisito para acceder a una silla de ruedas eléctrica la "suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de la silla de ruedas eléctricas por sí mismas o con el apoyo de otra persona, y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad o la de otros".