El ayuntamiento de Cáceres ha presentado una alegación al presupuesto municipal de 2024 para que las cuentas incluyan las ayudas al transporte urbano aprobadas por el gobierno central, que supondrán la gratuidad del bus para menores de 16 años y la rebaja del 50 por ciento para el resto de abonos, con una financiación de 1,1 millones de euros.

El coste de esta medida durante 2024 supondrá un déficit total de recaudación de 1.119.000 euros, de los que el gobierno central asume 791.000 euros y el Ayuntamiento de Cáceres, 328.000 euros, que deberán consignarse en el presupuesto municipal que se aprobó a finales de diciembre.

Para ello, se celebrará un pleno extraordinario este mes de enero para que la medida entre en vigor el 1 de febrero y ya se pueda disfrutar de la rebaja del bus urbano y la gratuidad para los usuarios menores de 16 años.

Las ayudas al transporte público, confinancidas por el Ejecutivo central, se aprobaron el pasado 28 de diciembre, justo un día después del pleno celebrado en el consistorio cacereño para aprobar los presupuestos (con el apoyo de PP y Vox).

El alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha criticado la "absoluta improvisación" del gobierno central a la hora de aprobar el real decreto de bonificación, que ha calificado de "electoralista".

Además, ha criticado las consecuencias que han surgido por el "mercadeo al que estaba llegando el gobierno nacional con los independentistas catalanes".

Por tanto, el Ayuntamiento de Cáceres tendrá que convocar, una vez que terminó ayer el plazo de alegaciones al presupuesto, un pleno extraordinario para resolver la alegación presentada por el propio Gobierno cacereño.

Además, Mateos ha reprochado que las ayudas al bus urbano “las apruebe el Gobierno central, pero repercutan en las arcas municipales”.

También ha afeado que “un decreto que se publica el 28 de diciembre, que se negocia con nocturnidad u haciendo concesiones a los independentistas a última hora, es un decreto que se hace de espaldas a quienes realmente tenemos que poner en marcha esas medidas".

El regidor insiste en que el transporte público “es competencia municipal en exclusiva y el ejecutivo central lo usa de forma electoralista”.

Además, ha avanzado la convocatoria inminente de la Mesa del Transporte “para empezar a trabajar en un nuevo contrato del transporte público" en la capital cacereña y ha advertido de que el contrato de transporte público en la ciudad “está prácticamente topado", por lo que introducir mejoras en el servicio está muy limitado si no se cambia ese contrato.