Nuevo mazazo para el Complejo Marina Isla de Valdecañas, situado en el término municipal de El Gordo (Cáceres). El Tribunal Constitucional ha 'tumbado' la reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) aprobada en la Asamblea de Extremadura en el año 2011, veinte días después de que se emitiera una setencia en contra de este resort y para que se procediera a devolver los terrenos a su estado original con el consiguiente derribo del complejo. 

Con este auto, el TC da la razón a los grupos ecologistas (ADENEX y Ecologistas en Acción) que presentaron una cuestión de inconstitucionalidad contra esta normativa aprobada en el Parlamento extremeño, gracias a los votos del PSOE y del PP, los dos únicos grupos parlamentarios en ese momento en el Hemiciclo. Este cambio en la LSOTEX, una norma ya derogada, permitía recalificar los terrenos de Valdecañas, situados en la Red Natura 2000, por lo tanto se podía construir en zonas declaradas como no urbanizables. 

Hoy el Constitucional ha señalado que este cambio normativo va en contra de la Constitución y además asegura que esa modificación se hizo 'ex profeso' para evitar el cumplimiento de la primera sentencia emitida veinte días antes por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y que pedía la devolución de los terrenos del complejo a su estado original. Además, esa norma aprobada en Extremadura contradecía a una normativa nacional, algo que nunca puede ocurrir, ya que la Ley estatal regula qué se puede construir en suelos rurales.

Este texto, emitido por el Tribunal Constitucional, no tiene nada que ver con la posible demolición de Valdecañas, ya que esta cuestión depende ahora de nuevo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que debe emitir un nuevo auto sobre la ejecución de la sentencia tras un nuevo recurso planteado por la Junta de Extremadura. 

LOS ECOLOGISTAS SATISFECHOS

Desde las organizaciones ecologistas personadas en este proceso, tanto Ecologistas en Acción Extremadura como Adenex, han valorado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Valdecañas confirma que la Red Natura 2000 "no es urbanizable" y "da la razón" a las organizaciones ecologistas en este contencioso. De esta manera, han mostrado su satisfacción por el hecho de que el Constitucional haya declara que la reforma de la Ley del Suelo para "tratar de legalizar" el complejo Marina - Isla de Valdecañas es "inconstitucional".

Por ello, en su opinión, con este pronunciamiento "se cierra" el debate sobre la "imposibilidad legal de ejecutar las sentencias" en este sentido y la "pretensión de la Junta de Extremadura de seguir urbanizando espacios protegidos de la Red Natura 2000". Asimismo, Ecologistas en Acción y Adenex han confiado en que esta sentencia sirva para "dejar de responsabilizar" a las organizaciones conservacionista de las consecuencias de un "desmán urbanístico y ambiental de esta envergadura" y cese la "intensa campaña de desprestigio que sufren por defender la legalidad urbanística y la red europea de espacios protegidos".

Según ha explicado, el Constitucional ha dictado una sentencia por la que "se estima sustancialmente" la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el marco del procedimiento contencioso administrativo en el que "ya se ha declarado la ilegalidad de la urbanización de la isla de Valdecañas".

RESPETO POR LA JUSTICIA 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado "respeto" por la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la reforma legal aprobada en la Asamblea en 2011 que permitió que siguiera adelante el proyecto Marina Isla de Valdecañas.

"De la misma manera que cuando nos dio hace unos meses el Constitucional la razón con el tema del impuesto a las eléctricas, de la Ecotasa, pues respeté lo que el Constitucional dice, ahora lo respeto igual, para eso está para valorar si se adecua en todo o en parte a la Constitución", ha resaltado Vara.

"A partir de ahí, asumir ese respeto por el Tribunal Constitucional y esperar en cualquier caso a que finalice esta cuestión cuando la Sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva definitivamente sobre la ejecución de la sentencia", ha proseguido.

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OPOSICIÓN

La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Pilar Pérez ha considerado que la situación del proyecto Marina Isla de Valdecañas "es una chapuza jurídica cien por cien marca PSOE" desde "el principio". Sobre la anulación del TC de la ley que permitió recalificar los terrenos para construir Valdecañas, ha dicho así que hay un refrán español que "recoge muy bien la situación" relativo a que "lo que mal empieza mal acaba".

"No será porque desde el PP no lo advertimos desde el principio que era una chapuza jurídica lo que se estaba produciendo. La situación de Valdecañas es una chapuza jurídica cien por cien marca PSOE", ha sentenciado Pilar Pérez a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles en Mérida.

En este sentido, ha añadido que "ahora mismo lo único" que queda es "acatar la sentencia de los tribunales como no puede ser de otra manera", y "ver también qué es lo que hace la Junta de Extremadura, que es la que está en el gobierno, y que es la que inició con un gobierno del PSOE esta situación"

La portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que los extremeños no deberían asumir el coste de la "ilegalidad" cometida "a sabiendas" por PP y PSOE al modificar la Ley del Suelo en 2011 que permitió que el proyecto del complejo Marina Isla Valdecañas siguiera adelante. De Miguel ha mostrado su satisfacción al conocer este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la modificación de la ley que "urdieron" el PP y el PSOE para "sacar adelante el proyecto Marina Isla de Valdecañas a sabiendas de que era un proyecto ilegal".

Asimismo, la portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura ha tachado de "insultante" dicha modificación legislativa y ha considerado que deberían ser los legisladores que en su momento la aprobaron los que asuman con su propio patrimonio lo que "va a costar a todos los extremeños y extremeñas demoler Valdecañas". "Porque ahora, si nos van a obligar a demoler ese conjunto inmobiliario, no deberían ser los extremeños los que corrieran con la cuenta del gasto sino aquellos legisladores que a sabiendas que estaban cometiendo una ilegalidad, porque lo había dicho el TSJEx, siguieron y aprobaron una ley que hoy el Tribunal Constitucional les dice que es ilegal", ha sostenido De Miguel.

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura Marta Pérez ha mostrado el respeto de su grupo a la sentencia de Valdecañas pero ha matizado que "poner freno" al desarrollo económico "no es lo más conveniente teniendo en cuenta la situación" en la que se encuentra la región.

"Lo que nos viene a decir esta sentencia es que hay algunos artículos de la Ley del Suelo ya derogada que son inconstitucionales", ha explicado Pérez, al tiempo que ha añadido que su partido se mantendrá "a la espera de la resolución de ese conflicto sobre la idoneidad o no del derribo de Valdecañas".