La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por que la reforma del sistema de financiación en España se produzca "cuanto antes" y que el Gobierno central en esta materia abandone sus "intereses partidistas", para ponerse a trabajar por la dotación de unos servicios fundamentales "de calidad" para los ciudadanos.

Extremadura iniciará una serie de trabajos para avanzar en "una propuesta común" en materia de financiación favorable a los intereses de la región. Así lo han acordado los 4 grupos con representación parlamentaria que hoy lo han ratificado en el pleno de la Asamblea a través de una Declaración Institucional.

10 reivindicaciones

Reclaman mayores recursos al sistema por parte del Estado "con los que cubrir los déficits de financiación que sufren todas las Comunidades Autónomas en el modelo vigente, asegurando que ningún territorio reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema". Todo ello para garantizar la disposición de "recursos suficientes" e impulsar el "crecimiento cohesionado" de la región.

Así, ha apuntado que existe una "postura clara y definida" sobre los fundamentos en los que debe basarse el nuevo sistema y se continuará con los acuerdos unánimes en materia de financiación autonómica en la cámara autonómica de 2016.

Una negociación y un acuerdo del modelo que partan de la Constitución y una autonomía financiera que se ejerza con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, es el primer punto que defiende.

Además, aboga por que en la negociación estén representadas todas las comunidades autónomas, las dos ciudades con Estatuto de Autonomía, y el Estado; partiendo de la Conferencia de Presidentes, que ya ha solicitado la presidenta Guardiola, y concretarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Solo así podrá garantizarse que son sopesados los intereses de cada región y ponderados en aras al desarrollo común sobre el que pivota el principio de igualdad territorial", ha insistido.

Quieren que la reforma sea una tarea común para garantizar y mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar y de los servicios y políticas públicas es otra de las indicaciones. Además, defiende que las variables como la superficie, la densidad de población y el envejecimiento de la misma, deben cobrar mayor relevancia en el cálculo de las necesidades.

En este sentido, reclama que exista una "variable correctiva" ligada a los costes fijos o a las economías de escala para impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas."El sistema debe garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación", añade.

Además, asegura que es fundamental que se dote al Fondo de Compensación Interterritorial, como mínimo, con la dotación con la que contaba en 2008.

Que se cubran las carencias en infraestructuras de los territorios, y suplir el "aislamiento que sufren y el grave desequilibrio que este hecho ha provocado en su desarrollo económico e industrial" es otro de los puntos.

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Por otro lado, la declaración alude a la necesidad de inversiones complementarias para regiones con un nivel de desarrollo inferior a la media; y a coordinarse la reforma del sistema de financiación autonómica con la reforma del sistema de financiación local y promover la autonomía de las Haciendas locales, con especial atención al medio rural.