Organizaciones agrarias extremeñas están pidiendo la “flexibilización” de la normativa para la contratación de extranjeros ante la falta de mano de obra en la región, sobre todo para las labores en el campo.

En COPE te venimos contando que hay empresarios que han recibido propuestas de sanción de hasta 10.000 euros por haber contratado a personas de fuera de la Unión Europea que contaban con el alta en la Seguridad Social y el NIE, pero que carecían de visado. Estos empresarios asumen su parte de culpa, pero no entienden el “descontrol” de las autoridades a la hora de tramitar estos permisos en España.

Con respecto a la llegada de inmigrantes ilegales a la región -en octubre pasado vinieron 27 del norte de África que fueron alojados en el Centro de Acogida de Mérida-, el entonces delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, hablaba de que los territorios españoles “debían responder con solidaridad”, teniendo en cuenta que la “presión migratoria” iba a continuar.

Desde la Junta, el PP se aferraba al “cumplimiento de la legalidad”, Vox mostraba su postura contraria a la inmigración ilegal y Unidas por Extremadura le acusaba de “falta de humanidad”.

Sobre este asunto, hace unos días, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, decía tajantemente que “no se puede legalizar a una persona que ha entrado de manera irregular en España y hacer un efecto llamada”. Esta sentencia parece ir a contracorriente de la posición histórica que ha tenido el PSOE.

Lo cierto es que los socios parlamentarios del PSOE se muestran a favor de una regularización como la que hizo Zapatero en 2005, cuando se les dieron papeles a medio millón de inmigrantes ilegales.

Según publica El Confidencial, esta semana que arranca se decidirá en el Congreso si se da luz verde al debate de una Iniciativa Legislativa Popular para la modificación de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros, por la que se establecería, “en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

Al PSOE, en su oposición a que haya una regularización de los ‘sin papeles’, se le ha expuesto una carta de la comisaria europea Ylva Johansson en la que dice, según publica El Confidencial, que “la regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional. Hasta ahora, los Estados miembros se han opuesto al desarrollo de soluciones armonizadas a escala de la UE en este ámbito. No obstante, la Comisión reconoce que, en contextos específicos, la regularización puede ser una respuesta política adecuada…”.