Una persona ha sido detenida en la ciudad de Lugo en el marco de la operación 'Tactos', llevada a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en varias localidades españolas y que ha permitido la liberación de 23 víctimas de explotación sexual que habían sido engañadas con la promesa de un futuro trabajo en salones de belleza.

En total han sido detenidas ocho personas de la red criminal que se lucraba con la explotación de sus víctimas, una de ellas con discapacidad intelectual, a las que engañaron con la promesa de que tendrían otro tipo de trabajo o bajo condiciones muy diferentes.

23 víctimas y ocho detenidos

Según han precisado los agentes, la investigación ha culminado con la liberación de 23 víctimas de explotación sexual en las localidades de Úbeda, Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares y Ciudad Real, además de la capital lucense.

Además, han sido detenidas ocho personas en las localidades de Úbeda (2), Alcoy (2), Guadalajara (2), Lugo (1) y Ciudad Real (1), como investigadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Se han realizado, además, diez entradas y registros en las ciudades de Alcoy, Úbeda, Alcalá de Henares, Lugo, Ciudad Real y Guadalajara.

En esos registros han sido intervenidos teléfonos móviles, más de 5.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes tales como cocaína y "tusi", así como documentación relacionada con la investigación.

Los implicados en la trama eran quienes contactaban con los clientes a través de páginas web y acordaban los servicios sexuales. Las víctimas no podían rechazarlos y se les obligaba a pagar a la organización aún más dinero en concepto de abono por realizar estas gestiones.

Captación mediante engaños

La organización captaba a sus víctimas a través de personas que conocían, familiares o compatriotas, bien en su país de origen o con conocimiento de que se encontraban en España en situación irregular.

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Para retenerlas, les imponían la condición de prostituirse para poder pagar deudas que se hubieran originado en su país.

Las víctimas eran captadas fundamentalmente en Colombia, aunque también de otros países de Latinoamérica, y entraban en España a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona.

Los implicados las engañaban ofreciéndoles un trabajo diferente, en el sector de los salones de belleza o cuidando de ancianos.

Sexo "bajo amenazas" y en "palés"

"El entramado criminal obligaba a sus víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva. Las controlaban con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban. Las mujeres tenían que abonar a los miembros de la organización el 50% de cada servicio sexual", explica la Policía. Además, debían anotar cada uno de estos servicios en cuadernos.

Las mujeres no podían rechazar ningún tipo de servicio sexual y "eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón y aunque se sintieran indispuestas".

La investigación ha dado a conocer que la máxima responsable de la red adquirió múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España, e incluso en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.