La Xunta de Galicia ha informado de que el Servizo de Patrimonio Cultural de la Delegación Territorial de Lugo ha estudiado e informado en menos de dos semanas el proyecto de demolición de las torres de O Garañón, presentado por el Ayuntamiento para cumplir la sentencia judicial que obliga a derribar esos edificios y a devolver a su estado original los terrenos, ubicados en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro.

La Xunta someterá este viernes el citado proyecto de demolición al dictamen del Consello Territorial de Patrimonio Histórico de Lugo, órgano consultivo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que emitirá una resolución al respecto.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, destacó “la seriedad y celeridad con la que trabajó el Servizo de Patrimonio”, algo que pone en evidencia que “cuando se dispone de toda la documentación, los informes salen adelante sin demora, en este y en todos los casos en los que interviene la administración autonómica”.

“No hay margen para la discrecionalidad”, aseguró Arias, quien recordó que el Ayuntamiento presentó la solicitud de informe con la documentación el 17 de marzo.

VÍA LIBRE

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo ha desestimado las medidas cautelares que había solicitado el Banco Santander para evitar el derribo de las torres de O Garañón por parte del Ayuntamiento.

El Banco Santander es el principal acreedor de la empresa que levantó ambas torres en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro, de modo que solicitó la paralización cautelar del derribo de las mismas hasta que fuesen resueltos los recursos que interpuso ante la propia autoridad judicial.

Tras conocer ese pronunciamiento judicial, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, a preguntas de los periodistas, aseguró que el Ayuntamiento mantiene su “hoja de ruta”, de modo que, una vez aprobado el proyecto de demolición, cuando la obra sea autorizada por Patrimonio, procederá al derribo de las torres.

“Seguimos con la hoja de ruta. Nosotros la hoja de ruta la tenemos clara y establecida desde el año 2017, cuando decidimos no seguir con el procedimiento judicial y asumir el derribo de O Garañón”, dijo la alcaldesa a los medios de comunicación.