El Concello do Porriño continuará solicitando la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación del Concello de Vigo por el que se impone una tarifa por el suministro de auga.

La revisión de este acuerdo plenario, que data del año 1998, ha sido solicitada por el Concello do Porriño en el año 2015, lo hizo con el respaldo unánime de todos los grupos de la corporación, y reiterada en mayo de este año, sin obtener resposta alguna del Concello de Vigo.

“Que el Concello de Vigo decida de manera unilateral que se nos exija una cantidad determinada por ellos mismos en concepto de mantenimiento del embalse de Eiras no solo es nulo de pleno derecho, también es contrario a los legítimos intereses de nuestro Concello. Intereses que yo como Alcalde, y los concelleiros como corporación, tenemos la obligación de defender”, explicó el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo. “Por eso pedimos que se revise y también sentarnos a hablar para intenta llegar a un acuerdo, pero parece que los acuerdos y el diálogo entre concellos no está en la hoja de ruta del Concello de Vigo”, señalaba Alejandro Lorenzo.

Sin vista de diálogo entre ambas administraciones, el Concello de Vigo continúa a engrosar la deuda y es que Aqualia remite facturas cada dos meses con el precio estipulado por el Concello de Vigo e inicia procedimientos de cobro forzoso. Pese a pasar a ser competencia del Consorcio de Augas do Louro, desde el año 2014 las facturas continúan a remitirse al Concello do Porriño y el consistorio vigués llegó a amenazar con el embargo y posterior subasta de bienes de Porriño para cobrarse la deuda en virtud de un acuerdo propuesto y cerrado en Vigo y entre vigueses.

A día de hoy, la deuda supera los cuatro millones de euros, a los que hay que sumar intereses, una cantidad desorbitada que la administración porriñesa no va a asumir por imposición.

En este contexto, la corporación local de Porriño ha acordado con los votos a favor de PP, EU SON, BNG y la concelleira de no adscritos y la abstención de PSOE y UDDL, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de la solicitud de revisión de oficio. “Agotaremos la vía judicial y no pagaremos ni más ni menos de lo que nos corresponda. Defenderemos los intereses de los porriñeses hasta el final”, sentenció el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo