Las principales organizaciones de Enfermería han publicado un manifiesto en el que rechazan la posibilidad de que las farmacias puedan administrar vacunas o realizar pruebas para la detección del COVID-19. Además, acusan al colectivo farmacéutico privado de esconder detrás de esta propuesta meros intereses económicos "y no tanto el bien común o la salud pública". La Profesión Enfermera considera que, de permitirse, restaría atribuciones a la Sanidad Pública en favor de una privatización encubierta.

"Desde el conjunto de la profesión Enfermera, la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Asociación Española de Estudiantes de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería, Consejo General de Enfermería, firmantes de este manifiesto, queremos transmitir a la opinión pública lo siguiente:

Consideramos que la vacunación en las oficinas privadas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes, debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada, claramente, en intereses económicos.

La realización de pruebas diagnósticas para COVID en las farmacias representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos, como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas".