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El exconsejero Juan José Muñoz se enfrenta, a partir del lunes, a un juicio por estafa y blanqueo

El fiscal le pide una pena de 5 años y 9 meses de cárcel y más de 6 millones de euros de multa

El exconsejero Juan José Muñoz se enfrenta, a partir del lunes, a un juicio por estafa y blanqueo

Juan José Muñóz Consejero de Hacienda.

Rocío Ruiz / Agencias

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 16:43

La Audiencia Provincial de Logroño juzgará desde el próximo lunes, 27 de enero, al exconsejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja Juan José Muñoz, a quien el fiscal pide una pena de 5 años y 9 meses de cárcel y más de 6 millones de euros de multa, como presunto autor de delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

En el proceso, que se prolongará durante 25 días hasta el próximo 3 de marzo, están procesados también la esposa de Muñoz y un socio de éste, para quienes el Ministerio Público pide penas de cuatro y cinco años de cárcel, respectivamente, como presuntos autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Además, hay otros dos acusados para los que el fiscal pide tres y dos años, respectivamente, por estafa, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso.

El Ministerio Fiscal reclama a todos los acusados y a las empresas implicadas que indemnicen a los perjudicados, de forma solidaria, con casi 2 millones de euros más los intereses legales.

Los hechos que se juzgarán se remontan a 2007, cuando Muñoz -quien fue consejero de gobiernos regionales del PP entre 1997 y 2011- "decidió y tuteló la creación de Empresa Fotovoltaica Riojana, SA (Emfrisa)" para construir una instalación de gran magnitud de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico, radicada en el municipio de Torremontalbo, según el escrito del fiscal.

Según sus previsiones, esta planta se beneficiaría del régimen retributivo que incentivaba la generación de electricidad de fuentes renovables; y esa elevada rentabilidad propiciaría la venta de la instalación a terceros, españoles o extranjeros, por 25 millones de euros.

Para esta operación, dada las incompatibilidades con su cargo, Muñoz contactó con el empresario acusado -con diversos antecedentes por estafa- y también utilizó "como persona interpuesta", a su esposa.

La Fiscalía incide en cómo el entonces consejero, no solo dirigió esta operación por medio de los otros acusados, sino que cuando surgieron obstáculos imprevistos, intervino ante las autoridades municipales y autonómicas para eliminar tales impedimentos.

El fiscal repasa en su escrito de acusación textos legales, como los que establecían en 2007 diferente "prima" para las instalaciones solares en función de su tamaño, con más beneficios para las pequeñas, lo que habría deparado que la de la empresa de Muñoz se dividiera en 35 partes, en lugar de una sola.

En 2007, técnicos del Gobierno regional de Industria y Medio ambiente pusieron los primeros reparos al proyecto, como hizo también el departamento de Carreteras.

Muñoz y sus socios, de forma paralela a la tramitación, contactaron con otra empresa catalana para que favoreciera la venta de la planta, por 25 millones de euros, a otros inversores.

De hecho, esa empresa adquirió parte del parque solar, por 800.000 euros, sin que se les informara (por ninguno de los acusados) de los problemas administrativos que existían, sin haber constituido un aval económico que garantizara el proyecto y sin informar de que Iberdrola exigía unas obras para autorizar el "enganche" del parque a la red.

El fiscal sostiene que Muñoz y su esposa idearon un sistema de compra venta de acciones con otra sociedad para recibir esa cantidad y, además, ocultar el capital.

El escrito de acusación alude también a que el propio Muñoz había establecido en su Consejería un protocolo para que las solicitudes denegadas no tuvieran un soporte documental, para que la decisión administrativa no resultara impugnada.

El parque solar comenzó a construirse en junio de 2008, cuando la empresa catalana había contactado con inversores alemanes para su compra por 25 millones de euros; pero éstos comprobaron que la situación administrativa no era la prevista y propusieron una operación a la baja, por 13 millones.

Muñoz, según explica la Fiscalía, desistió de esa operación y decidió vender el parque, por 23 millones, a otra empresa, de capital asiático, para lo que propició que la dirección general de Industria dictara resoluciones "contrarias a derecho"; esa empresa vendió las instalaciones, en 2011, por menos de medio millón de euros.

El parque solar llegó a funcionar y vendió energía hasta 2010 por valor de 6,4 millones de euros, con una compensación superior a la que le correspondía legalmente ya que se acogía a una "prima" superior a la vigente cuando entró en funcionamiento; en 25 años ese sobreprecio hubiese supuesto más de 22 millones de euros, detalla el fiscal.

El representante del Ministerio Público concluye su escrito elevando la solicitud de deducir testimonio en otras personas que intervinieron en los hechos, por posibles delitos, desde el director general de Industria y un jefe de servicio, a técnicos de las obras e, incluso, y responsables de Iberdrola.

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