El juzgado de Instrucción 1 de Granada ha abierto diligencias de investigación tras la querella presentada por varias familias que compraron pisos 'fantasma' a la promotora Grupo 21, responsable de hasta 18 promociones sin construir en Granada, Almería y Murcia, y que podría haber estafado a más de mil compradores, entre ellos los de dos residenciales de Águilas.

En un auto dictado este mes de enero, el juzgado instructor ha ordenado incoar diligencias previas para localizar a los querellados, analizar el destino final del dinero entregado por las víctimas y estudiar también la responsabilidad de las entidades bancarias que gestionaron esas ventas, entre otros datos.

El letrado Francisco Javier Ortega Pardo, del despacho LexForma Abogados, ha explicado a EFE que presentó en diciembre una querella por vía penal en representación de varias de las familias que compraron pisos 'fantasma' de la promotora Grupo 21 en Almuñécar (Granada).

A estos afectados se suman otras posibles víctimas de Grupo 21 en Almería y Murcia, ya que la promotora repitió el modelo de ofertar y publicitar viviendas junto a la playa en las tres provincias, recibir el dinero de la reserva de cada piso, y luego anunciar que no las construiría.

Aunque en ese aviso Grupo 21 anunciaba también a los afectados que les devolvería el dinero, ese paso no se ha producido y la pareja responsable de la empresa está en paradero desconocido.

La primera de las querellas se presentó en Granada, donde también ha comenzado la primera instrucción de la causa, por lo que Ortega Pardo solicitará que las causas se unifiquen en una y que se dirija desde Granada.

Grupo 21 publicitó hasta 18 promociones en las tres provincias, un total de 1.172 viviendas por las que recibió dinero a cambio de nada con compradores de diferentes puntos del país, pero también holandeses, alemanes, belgas, franceses y suecos.

LexForma celebrará la próxima semana una reunión informativa en Almería para atender a los afectados de esta provincia y a los de Murcia, un encuentro para unificar criterios y solicitar también responsabilidad a la media docena de entidades bancarias que participaron en el proceso y que no blindaron esos importes.