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Barbosa: "Si no hay justicia independiente, hay arbitrariedad. Y si hay arbitrariedad, no hay democracia"

Sergio Barbosa analiza la actualidad del día que pasa por la anulación de la condena por prevaricación a Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía

Sergio Barbosa

Sergio Barbosa

Periodista

Tiempo de lectura: 7'Actualizado 09:01

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Si el reloj dice que son las ocho de la mañana del 20 de junio eso quiere decir que faltan 14 horas y 50 minutos para que el verano diga “aquí estoy yo”.

Y el verano, ya saben es ese momento en el que, con mucho calor (porque es verdad que cada vez hace mucho calor) pero que, por lo menos, nos permite coger, en algún momento, algunas semanas de vacaciones.

Y las vacaciones son esa pequeña tregua que nos damos todos los unos a los otros para podernos echar de menos. Porque tan bueno es disfrutar de unos días de libertad y de poner cierta distancia con la rutina como darte cuenta que siempre tienes un lugar y una vida a la que volver.

Pero bueno no nos pongamos filosóficos, porque hoy la actualidad nos trae mucho material.

Magdalena Álvarez

Miren, decíamos a las seis que hoy es un día para quitarse el sombrero con Pedro Sánchez o para pedirle que nos adelante el número de la Primitiva.

Porque se ha confirmado que, efectivamente, al presidente del Gobierno ya se le puede llamar 'Pedro el profético'.

Acuérdense. Faltaba poco para que terminara la campaña de las elecciones europeas y al PSOE le da por invitar a un mitin en Málaga a Magdalena Álvarez, exministra condenada por prevaricación en el caso en los ERE ilegales.

Y la gente diciendo, “qué raro que inviten a Magdalena, con el tiempo que hace que no se prodiga en estos actos, desde que pesa sobre ella una pena de 9 años de inhabilitación… y tal”.

Bueno, pues lo verdaderamente raro fue que Pedro Sánchez cogiera y justo en ese mitin le hiciera un cariñito a la condenada por prevaricación, diciendo que “hay que ver, la pobre Magdalena, que tuvo que sufrir un trato injusto en estos tiempos de lawfare judicial… y tal y cual”.

Claro, los más avispados dijeron, a ver si Sánchez se está lanzando a la piscina de “dar la cara por una condenada” porque saber que va a dejar de estar condenada en breve.

Y mientras los avispados decían eso, los ilusos replicaban, “no, hombre, ¿cómo va a saber el presidente si el Tribunal Constitucional va a exonerar a Magdalena Álvarez. El poder ejecutivo no tiene que tener ese grado de connivencia con un órgano judicial y mucho menos si es el tribunal de garantías”.

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Pues, oye ayer el comando Conde-Pumpido, la mayoría de jueces izquierdistas con fuertes vinculaciones con el PSOE volvió a hacer valer su mayoría de 7 a 4 para empezar a indultar por la puerta de atrás a algunos de los condenados por los ERE, (el enorme caso de corrupción que salpicó al PSOE).

Porque los que están condenados por malversación, (como el exconsejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera) , por ahí (por la malversación pura y dura) lo tienen complicado. De hecho, a Viera el Constitucional le ha tumbado el recurso.

Pero los que tienen una condena por prevaricación, es decir, los que fueron condenados no tanto por haber permitido directamente el desfalco de dinero por acción u omisión sino el haber diseñado los presupuestos o las leyes para que otros cometieran la malversación, esos se pueden escapar ahora por la gatera.

Que es el caso de Magdalena Álavarez, a la que el Tribunal Constitucional de mayoría sanchista ha venido a rescatar, usando un nuevo enfoque para interpretar esto de la corrupción: vienen a decir los magistrados que lo que se apruebe en un Consejo de Gobierno no puede ser delito, porque sólo es un paso intermedio.

Que el delito lo comete, si a caso, el parlamento que aprueba los presupuestos de los que se saque el dinero malversado. Pero que la consejera que diseñe esos presupuestos, aunque haya introducido partidas de gasto extraordinarias por donde se pueda meter la mano, que esa consejera se puede ir libre de polvo y paja.

No es lo que interpretaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo, que vinieron a decir que aquí hay dos niveles de corrupción: la del político que directamente permite la malversación porque está más encima de las partidas que se malversan, pero también la del político que prepara las cosas y diseña las leyes de tal manera que le pone botando a otros que puedan malversar.

Eso es lo que se castigaba con prevaricación, pero ahora la prevaricación queda en entredicho.

Y eso, además de dejar a Álvarez, libre de polvo y paja puede también librar de la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán, que tiene una condena conjunta de malversación y prevaricación. Si ahora, con este criterio, le quitan la prevaricación lo que le queda de malversación, y con el atenuante de su enfermedad, le libraría de entrar en prisión.

Y esto vendría a confirmar las sospechas que algunos tenían de que el PSOE iba a tratar de indultar por la puerta de atrás a uno de sus expresidentes en la Junta de Andalucía.

Y, claro, con esa capacidad que ha demostrado Sánchez para leer en el vienro que el Constitucional iba a exonerar a una parte de los condenados por los ERE, cuánta más razón para hacerle caso si él mismo pronostica que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea por las bravas.

Advertencia que le lanzó ayer en el Congreso a Núñez Feijóo. Lo dijo ayer el presidente del Gobierno en la sesión de control al gobierno en la que Núñez Feijóo le preguntó con ironía, que qué ha pasado con la famosa regeneración porque aquí se diría que lo que estamos teniendo es más bien una degradación democrática. Es verdad que los que dicen que estamos ya en una dictadura, exageran. Porque si vives en una dictadura, no puedes decir que vives en una dictadura. Y aquí, de momento, lo podemos seguir denunciando.

Pero lo que nadie puede negar es que estamos, con todas las letras, en un proceso de regresión democrática en el que estamos viendo cosas inauditas, como que el Gobierno ha hecho un tremendo ejercicio de prevaricación política al amnistiar a unos golpistas y malversadores, únicamente para beneficiarse a sí mismo y seguir en el poder.

Fiscalía y del Tribunal Constitucional

Y para ello, por el camino, se ha hecho descaradamente con el control de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional.

Que hay que recordar que forman parte del andamiaje judicial pero no son propiamente el poder judicial. La Fiscalía es un órgano jerárquico que depende del Gobierno y está a merced de que el Gobierno no lo manosee con descaro, que es lo que está pasando ahora.

Y el Tribunal Constitucional es tribunal de garantías, que no está, o no estaba hasta ahora, para hacer de tribunal de casación y en el que, ahora, como hemos visto, el gobierno es capaz de “poner de jueces” a quienes le parece oportuno: incluso a tipos que, dos días antes, estaban ejerciendo de ministros de ese mismo gobierno.

Aquí el verdadero poder judicial son los jueces que, con teórica independencia del poder político, se ven en la libertad de administrar justicia, con la única servidumbre de su honestidad profesional y de lo que esté dentro del ordenamiento jurídico.

Y a esos jueces independientes es a los que se dirige la amenaza de “vamos a desbloquear el poder judicial sí o sí”. Y esa es la amenaza que se cierne sobre todo esto: si el poder ejecutivo encuentra la manera de que una simple mayoría absoluta del poder legislativo se ponga a nombrar a jueces aquí y allá el poder judicial se va a hacer puñetas.

Si los jueces del Supremo, de los Superiores de Justicia de cada autonomía y de cada Audiencia Provincial empiezan a actuar con el servilismo político que está haciendo el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, apaga y vámonos.

Si no hay justicia independiente, lo que hay es arbitrariedad. Y si hay arbitrariedad, no hay democracia.

Y la gente corriente de este país, esto tiene que entenderlo. Tiene que entender la gravedad de lo que está ocurriendo.. porque la Fiscalía es el órgano que está llamado a perseguir los delitos. A hacer de vigía que le diga al resto del sistema “eh, aquí hay alguien que ha delinquido, me voy a poner a investigarle para que los tribunales puedan juzgarle y condenarle si es preceptivo”.

Y, en cambio, aquí lo que está pasando es que nos han metido en el mundo al revés, es la Fiscalía General del Estado la que está desviviéndose para proteger a los delincuentes. Estamos viendo a los bomberos defender a los prirómanos.

Con esa junta de fiscales totalmente dividida entre fiscales que no ven que se pueda amnistiar el delito de malversación y fiscales que, teniendo como oficio perseguir los delitos, están obsesionados con que se amnistíe el delito de malversación a los golpistas del 1 de Octubre. Y los que tienen esa obsesión coinciden, curiosamente, con los que tienen más vínculos profesionales con el PSOE o una coincidencia ideológica con el PSOE, salvo honrosas excepciones.

Sólo hay que leer el comunicado que ha emitido la Asociación de fiscales para entender la gravedad de la situación. .

Un comunicado demoledor contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusan de servilismo ante el gobierno y de haber provocado una enorme grieta que fractura al ministerio Fiscal.

Y todo con malas artes negándose a informar sobre la amnistía y el día que no ha tenido más remedio, también ha hurtado el debate sobre si es preceptivo presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea.

Viene a decir la Asociación de Fiscales que a García Ortiz se le tendría que caer la cara de vergüenza por haber conseguido que el gobierno le dija que está haciendo “un magnifíco trabajo” y dan por hecho que lo siguiente, en esa connivencia entre el Fiscal General y el Gobierno, será presionar a los jueces del Supremo con las acusaciones de lawfare para que apliquen la amnistía como quiere el gobierno.

De momento, efectivamente la Fiscalía ya ha mandado el escrito para que el juez Llarena se pliegue a conceder la impunidad judicial.

Y ahora estamos a la espera de que LLlarena tome una decisión sobre las medidas cautelares de Puigdemont y sobre si eleva una cuestión prejudicial a la justicia europea o no.

Pero el poder ejecutivo no puede estar poniendo más presión sobre el poder judicial, en un espectáculo verdaderamente preocupante.

El mensaje del Rey

Y todo en un momento en el que un mensaje del Rey ha vuelto a captar la atención de la opinión pública. Con motivo de el décimo aniversario de su reinado, el Rey ha asegurado que siempre se ha ceñido y se va a ceñir a lo que diga la Constitución y que va actuar con integridad aunque eso le suponga un coste personal.

Es evidente que don Felipe lo dice pensando en las medidas ejemplares que tuvo que tomar y que le pusieron en una posición incómoda con su padre. Pero esa reflexión podría aplicarse a un contexto más amplio.

La plantilla mental que el Rey se aplica a sí mismo es la que Pedro Sánchez también debería tener en cuenta: “ser coherente con los compromisos adquiridos” y “actuar con integridad, aunque tenga un coste personal”.

Lo mismo Sánchez, (que ayer se llevó a su esposa imputada a los actos del Rey y saludó efusivamente al Fiscal General) podría haber evitado esta dinámica política suicida, aunque eso le hubiese costado renunciar al poder.

Pero para ello, debería haber tenido lo que el Rey se impone a sí mismo: servicio, compromiso y lealtad.



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