El pasado miércoles, 21 de febrero, estallaba el caso Koldo, una presunta trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas en el peor momento de la pandemia.

Sin embargo, los hechos se remontan a 2020. En ese mismo año, el abogado Ramiro Grau comenzó a tirar de los hilos que le hacían sospechar en torno a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. Este martes, Grau ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar por qué empezó a sospechar.

"En 2020, leo en varios diarios que una empresa de Zaragoza se había convertido en el proveedor exclusivo de mascarillas. Pregunto a varios amigos y nadie la conocía. Zaragoza es una localidad en la que nos conocemos todos. Escribo un primer artículo diciendo que esto hay que investigarlo, que la Fiscalía tiene que investigarlo", comienza explicando.

'Chanchullos del dinero público' se titulaba el artículo, que salió en "varios diarios digitales" y al que el propio Grau no le dio "mucha importancia".

Tres demandas por un artículo

En este punto, llega la primera demanda: "Al poco tiempo recibo una demanda de 'Soluciones' por derecho al honor y la intimidad, reclamándome 60.000 euros porque decían que les perjudicaba en sus negocios. Entonces era abogado en activo, el asunto lo llevé yo. Cuanta más información veía, más me sonaba que esto no se tenía en pie. Contesto a la demanda y me olvido".

"Posteriormente, recibo otra demanda del señor Escorial, reclamándome 150.000 también por su derecho al honor y la intimidad. Esta demanda se me notifica días antes del ictus cuando la primera estaba en tramitación. Debo ser el único caso en España que por un solo artículo he recibido tres demandas", ha añadido.

Indicios de criminalidad

En este punto, ha detallado cuándo tuvo los primeros indicios de que había criminalidad: "En 2020 acudo a la Fiscalía de Zaragoza porque entendía que había algún cohecho. La Fiscalía Provincial me dice que con la documentación aportada no se puede investigar nada. Pero eso no es así, hay un procedimiento pre penal en los cuales la Fiscalía puede tomar declaración, pedir datos, etc. Es decir, se puede investigar, pero por las razones que fueren, eso no se hizo".

"Posteriormente, pongo una denuncia al Tribunal de Cuentas y tampoco hace nada. Pero una consejera dicta una resolución diciendo que era precio de mercado. Una consejera nombrada a propuesta del PSOE. Como yo ya estaba viendo claro que la X era Ábalos y que había una serie de organismos públicos en los que Ábalos tenía poder porque dependía de él, como era Adif, pongo una denuncia en el Supremo, en 2021", detalla el abogado a Carlos Herrera.

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Ábalos en el punto de mira

Respecto a la empresa, explica que "no hacía falta ser muy inteligente para ver que una empresa que en 2019 facturó 0 euros, en 2020 alcanzara una facturación de 53 millones de euros. Una empresa que además tenía un déficit de más de un millón de euros".

Además, pone el foco en el que fuera ministro de Fomento: "Identifico a Ábalos como presunto cabecilla y sufro una nueva desilusión porque el Supremo dicta un auto diciendo que Ábalos podía hacer lo que le diera la gana porque había una legislación aprobada por el PSOE por la que no había que cumplir los requisitos legales del Estado. Es decir, se había creado al caldo de cultivo para la corrupción y no se le podía imputar nada. Pero sí se podía investigar a los demás implicados que no eran aforados".

El abogado va incluso un paso más allá y apunta a Sánchez como la X de la trama: "Es una valoración jurídica. Hay tres ministerios implicados: Sanidad, Interior y Fomento. Los tres ministros son tres iguales. Luego hay otras dos administraciones, concretamente los gobiernos de Canarias y Baleares. Es decir, cinco en total controladas por el PSOE".

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