La ministra de Educación Isabel Celaá aseguró este jueves durante la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha afirmado este viernes en 'Herrera en COPE', que desde la CEE han querido ver “un lapsus” en las palabras de la ministra. Celaá "quiso transmitir el mensaje de que el derecho de los padres a tener una escuela conforme a sus propias convicciones no está recogido en la Constitución, cuando ésta reconoce claramente la libertad de enseñanza y que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. En su opinión, las declaraciones de Isabel Celaá “seguramente tengan que ver con la propuesta que ya está en el anteproyecto de ley educativa que duerme en el Congreso de los Diputados de suprimir el criterio de la demanda social a la hora de la planificación escolar, además del momento político que vive la sociedad española”.

Monseñor Argüello ha reconocido además que la propuesta expresada por Podemos de escuela única, pública y laica “es ciertamente preocupante”. “A los gobiernos hay que valorarles por lo que realmente hagan en cada momento, pero si las propuestas expresadas por Podemos van en esa línea, cómo no habría de preocuparnos”, ha insistido.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha advertido que en la escuela concertada "el gasto por alumno es considerablemente menor", si bien ha dejado claro que no se trata solo de un asunto de dinero "sino de ver el sistema educativo que queremos tanto en ámbito público como en el de la iniciativa social para nuestra nación los próximos años".

Monseñor Argüello explicaba este jueves que "el artículo 27 de la Constitución, leído en sus diez puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres". Unos derechos que "las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”.

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