Más de un mes en una situación de colapso. Ya han pasado 37 días desde que empezó la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia que piden al Ministerio que se cumplan las subidas salariales y las mejores condiciones – dicen que ya se pactaron pero que no se cumplen - y no es la primera vez que sucede. Ya el año pasado convocaron paros que bloquearon juicios y vistas. La huelga comenzó muy fuerte con un seguimiento cercano al 80%. Los abogados tienen la obligación de presentarse y todo depende de si el letrado decide sumarse al paro o no ese mismo día.

Por ahora todas las reuniones con el Ministerio de Justicia han terminado sin acuerdo. Para los letrados la propuesta es insuficiente y para el Ministerio de Pilar Llop la petición es inasumible. ¿Qué es lo que piden?, ¿Cómo afecta al resto de la sociedad?

Carlos Artal, letrado de la Administración de Justicia y miembro del comité de huelga, ha explicado en 'La Linterna' de COPE cuál es la situación actual: "Está todo paralizado. Cada 10 personas que entren al juzgado, 8 se tienen que dar la vuelta e irse a casa". El letrado responsabiliza, directamente, a la ministra Llop y a su ministerio y añade que "Pedro Sánchez tendria que tomar medidas porque han tardado 20 días en sentarse con nosotros. No han querido hablar con nosotros".

En cuanto a las peticiones de los letrados, Carlos aclara que no reclaman un incremento salarial "porque ya lo tenemos concedido. Pedro Sánchez, en una ley de presupuestos de 2021, se nos ha reconocido que tenemos que cobrar más pero no se está ejecutando". Los letrados son conscientes de que "esta causando un perjuicio terrible a los ciudadanos, ha pasado más de un mes y no damos crédito".

Las consecuencias de la huelga de letrados para los ciudadanos

¿Se trata de una huelga política?: "Nadie entiende semejante situación. Si no fuera tan trágico todo... sería hasta divertido. Es una huelga política". Carlos se encuentra dentro de la asociación de letrados progresista, pero tanto la conservadora como la independiente forman parte de esta huelga: "Esta situación la llevamos arrastrando desde hace 17 años. Nosotros casamos, divorciamos, señalamos los juicios... hay más de 5.500 millones y hay 5.000 millones paralizados", lo que provoca que mucha gente no esté recibiendo su dinero, que es suyo por sentencia. Carlos asegura que son conscientes: "Lo entendemos perfectamente, pero para eso están los servicios mínimos", que se centran en "gente que no llega a final de mes, geste que lo necesita... que se encargan de cuestiones esenciales como casos de violencia de género". Al principio de la huelga se suspendieron las bodas pero Carlos asegura que "solo fueron 15 en toda España. Ahora se van realizando... evidentemente el trámite no se realiza pero los letrados nos hemos comprometido a hacerlas".

El letrado asegura estar centrados en resolver en conflicto, "pero parece que la otra parte no quiere". ¿Hasta cuánto puede durar esta situación?: "Estamos mal pagados en realción al trabajo que realizamos, hemos sido opositores y sabemos lo que cuesta nuestro trabajo. Vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que se cumplan los compromisos. La seriedad tiene que imperar. ¿Desde cuándo un Gobierno que se compormete en una ley de presupuestos luego no los cumple?". Carlos deja claro que "el ciudadano es lo que más nos importa, pero también nuestras familias. Es una cuestión de dignidad".

Los abogados, afectados por la situación

A los 232.000 juicios afectados se suma a otro dato: en España se tarda, de media, 362 días para llegar a una resolución en primera instancia de un juicio civil o mercantil. Estamos a la cola de la Unión Europea y la huelga lo ha ralentizado todo mucho más.

Son muchos los abogados que se están viendo afectados al acudir a los juicios y que no se terminen celebrando. Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogacía de Madrid, sostiene que es "una situación insostenible" y recuerda que del dinero paralizado dependen "alimentos de menores, casos de extrema vulnerabilidad..." y pide "responsabilidad a las dos partes" para que el ministerio se siente a negociar y que los letrados avisen a los profesionales y a los ciudadanos para evitar "la pérdida absurda de horas y de recursos económicos".