De nuevo, esta semana han vuelto a salir a la luz los problemas que tiene la justicia en España. Otra vez más, una huelga ha paralizado la actividad en los juzgados de nuestro país haciendo que las vistas y juicios se vuelvan a aplazar. El paro en esta ocasión ha sido convocado por los funcionarios de la administración de Justicia. Son el 93% del personal de la Administración de Justicia y pertenecen en su mayoría a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, aunque también se encuentran médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Se calcula que por culpa de esta huelga se han paralizado unas 700 mil actuaciones judiciales, como expedientes, notificaciones, diligencias, providencias o escritos. Juicios como por ejemplo el del caso Gürtel que sienta en el banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps han tenido que ser suspendidos.

En total están llamados a la huelga 45 mil trabajadores que forman parte de la columna vertebral de los juzgados de España. Y es que ellos son los que llevan todos los trámites del día a día de los órganos judiciales, desde el papeleo a la redacción de diligencias, autos, notificaciones o contacto con las partes en el marco de los distintos procedimientos.

Hoy ha sido el día elegido para convocar una gran huelga general en el que han acudido gran parte de los trabajadores de toda España. En ella se ha reivindicado la subida salarial para todos los funcionarios. Los convocantes reclaman que ese incremento se realice a través de una retribución ligada a las funciones que se realizan. La horquilla de esa retribución va desde los 200 euros que cobra un funcionario de auxilio judicial en un juzgado de paz a los 385 que cobra un gestor administrativo.

Segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023

Este paro de los funcionarios será la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero fueron los letrados los que convocaron una huelga que acabó en acuerdo el pasado mes de marzo.

Javier Jordán, presidente del sector de Justicia del sindicato CSIF, explica en La Linterna de COPE cuáles son las principales reivindicaciones que les han llevado a estar en huelga: “Hay dos cuestiones fundamentales. En un primer lugar es el debate de quién ejecuta las funciones que tenemos encomendadas en los juzgados los funcionarios. Hay una diferencia entre las funciones que se asumen en la oficina y las funciones que tenemos reconocidas legalmente por el Ministerio de Justicia. Y la segunda es la implantación de las leyes de eficiencia, en concreto de ley de eficiencia organizativa”.

¿Somos conscientes de la importancia que tienen los funcionarios en el día a día de nuestra Justicia?: “Creo que la administración de Justicia sufre un abandono grande porque el foco se pone en los grandes temas políticos, pero los problemas son los de su organización, los de su funcionamiento y la propia lentitud. Estos problemas, como no dan votos, se olvidan. En el debate social siempre se vuelve a la politización de la Justicia, cuando el problema principal es el de las funciones. La ley de eficiencia organizativa está pensada como si la Justicia fuera una fábrica de coches cuando cada funcionario conoce las peculiaridades de cada procedimiento que tiene bajo su responsabilidad y esto debería cuidarse y valorar el capital humano que tiene la Justicia”, reclama Javier.

El Ministerio ha convocado una reunión con todos los sindicatos mañana para hablar de sus reivindicaciones: “Creo que si no fuera optimista no me podría dedicar a esto. Vamos a acudir mañana con optimismo y un ánimo constructivo. Lamentamos el daño que se está ocasionando a los ciudadanos. Le vamos a exigir al Ministerio una propuesta razonable para encontrar una solución a este conflicto lo más pronto posible”.

Abogados y clientes, los principales afectados por la huelga

En España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver la resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar esta situación. Pero la huelga de letrados de hace unas semanas y la de los funcionarios está provocando que los retrasos de cuatro o cinco años. Por ese motivo, muchas personas intentan evitar la vía judicial, ya que pasaría mucho tiempo hasta que finalmente se resuelve todo. Y no solo hablamos de la celebración de los juicios, sino que también hay demoras a la hora de comunicar las sentencias.

Javier Mata, abogado y diputado del Colegio de abogados de Madrid, explica en La Linterna de COPE cómo están afectando las huelgas al día a día de los juzgados: “Hay una víctima principal que es el ciudadano y hay otra víctima que es el profesional, abogados y procuradores. Hay despachos pequeños que tienen una menor capacidad financiera para aguantar este desfase. Los abogados de pleitos suelen cobrar sus honorarios a medida que avanza el procedimiento, por lo que no pueden cobrar. Hay cierta preocupación por la situación de muchos compañeros”.

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La pasada huelga de letrados de Justicia y, ahora, el paro de funcionarios está provocando retrasos incontables: “El atasco es infinito. Esta huelga nos preocupa más porque hacemos un seguimiento diario de las incidencias de la huelga. Hoy se han suspendido un 46 % de los señalamientos y se han celebrado un 53 %. También hay jurisdicciones que están terriblemente afectados, como en Leganés, donde se han suspendido un 100 % de los procedimientos”, lamenta Javier.

El abogado resume en uno los principales problemas en la Justicia de nuestro país: “La falta de medios. El Estado, a la hora de gestionar, aplican el criterio de caja. La Agencia Tributaria tiene los mejores medios, sin embargo, la Justicia o la Sanidad no le reporta un ingreso directo al Estado, por lo que se le destinan menos medios”.

Javier Mata explica en COPE hasta donde llegan las consecuencias de estas huelgas. El abogado relata un caso concreto que ha ocurrido en su despacho: “Es un asunto complejo en el que el cliente venía de Holanda -con su avión y hotel-, el abogado de otra de las partes venía desde Palma de Mallorca con el mismo gasto, había entre peritos y testigos unas 10 personas que se desplazaban desde diferentes lugares de España con billetes de avión o trenes. A pesar de haber insistido en el juzgado que nos dijeran si se iba a suspender o a celebrar, se nos mantuvo en una incertidumbre. Esa misma mañana nos presentamos en el juzgado a las 10 de la mañana y nos dicen que se suspendía. Calculo que el gasto fue superior a los 7.000 euros, un verdadero dineral que ha ido a cargo de las partes. Los abogados que estuvieron preparando ese caso tuvieron que dedicar varias semanas y esto es tiempo del abogado que va a repercutir en el propio abogado”.