La actualidad sigue girando en torno al llamado pin parental que Vox ha propuesto en Murcia y que han asumido PP y Ciudadanos, que gobiernan allí.

El pin parental, básicamente, otorga a los padres la posibilidad de vetar que sus hijos reciban determinadas actividades complementarias y fuera del curriculum académico si éstas no son acordes a sus principios morales o religiosos.

Los defensores del pin parental se amparan en el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en este debate la oportunidad perfecta para hacer la piña PSOE-Podemos y escenificar una unidad de acción frente al adversario de PP, Ciudadanos y Vox. Ha sido Murcia, pero podría ser Madrid o Andalucía.

Sin entrar en el debate de la libertad de los padres frente a la regulación en la educación que hacen los gobiernos. Lo del pin parental es una bandera y un elemento cohesionador de cara al público y que además sirve para solapar otros temas como la designación de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General o las exigencias de Esquerra, que empieza ya a recordar las deudas por la abstención en la sesión de investidura.

Por cierto, a mitad de camino entre los temas de la fiscalía y la política en Cataluña está la siguiente previsión. El juicio a la cúpula de los Mossos por su actuación (o su no actuación) durante los días del referéndum declarado ilegal del 1 de octubre y el amago de independencia en el Parlament.

Josep Lluís Trapero y otros tres altos mandos de la policía autonómica catalana se sientan en el banquillo bajo la acusación de rebelión. La fiscalía defiende, por ahora, que fueron una pieza clave para “impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de Justicia".

Una de las claves de este juicio, que se puede prolongar hasta el mes de marzo, es que la fiscalía, por ahora, mantiene la acusación de rebelión. La más dura, con penas de hasta 11 años de prisión. Es una clave, porque en el juicio del procés que condenó a Junqueras y al resto de ex consellers la condena fue por sedición, más leve.

Habrá que ver si la fiscalía, a lo largo del juicio, acaba por cambiar su acusación y rebajarla a sedición, como hizo en su día la abogacía del Estado durante el juicio del procés por orden del Gobierno. ¿Puede pasar? ¿Puede ocurrir este cambio de criterio? Técnicamente sí. A la fiscalía se le supone independencia, pero claro, la nueva Fiscal General es la persona que hasta hace menos de un mes era la ministra de Justicia y daba mítines con el PSOE y esta es una sombra que puede aparecer en cualquier decisión que se pueda tomar.