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Según el ministro de Sanidad, será durante el mes de enero cuando se inicie la distribución de la vacuna en España. O al menos eso espera el ministro Salvador Illa. Y aquí juega un matiz importante la prudencia en los tiempos porque si algo deberíamos de haber aprendido ya es que con el coronavirus no se pueden hacer estimaciones.

VACUNA CONTRA LA COVID-19

Si todo va bien, a partir de esa fecha, enero se aprovecharán los 13 mil puestos de vacunación existentes por todo nuestro país y que en la actualidad son capaces de vacunar a unos 10 millones de personas en 2 meses. Con una cuenta rápida, el ministerio de Sanidad calcula que a mitad del año 2021 estarán vacunados unos 30 millones de españoles. Un 70%, más o menos, de la población. Y este sería uno de los objetivos, alcanzar la inmunidad de rebaño que se sitúa entre el 66 y el 75% de una población.

El martes se presentará ese plan de vacunación nacional contra la COVID 19 pero hay dos puntos que parece claros. El primero es que será gratuita en España y el segundo, y no menos importante, que la vacunacion será voluntaria.

La administración de la vacuna ¿podría ser obligatoria? En principio hay 2 leyes de ámbito sanitario (la del 80 y la del 86) que pueden dar cobertura legal a una vacunación obligatoria y de hecho hay algunos antecedentes judiciales como un juzgado de Granada que en Noviembre de 2010 impuso la vacunación a 35 menores por un brote de Sarampión.

Sin embargo será voluntaria y aquí juega un papel fundamental el cómo percibe la sociedad la seguridad de estas vacunas. Según el CIS, alrededor del 47% de los españoles no estaría dispuesto, ahora, a inocularse la vacuna contra el coronavirus, unos porque prefieren esperar a ver su evolución otros porque tienen miedo y algunos porque, directamente, no se lo creen. Hay de todo. Pero el éxito de la vacunación puede depender en gran medida de la confianza de la ciudadanía y para eso es fundamental tener las cosas claras y explicar las cosas claras.

LOMLOE

Y en este día de domingo, la estrella invitada es la nueva la ley de educación y la ministra que la ha sacado adelante, Isabel Celaá.

Hoy hay convocatorias de protesta en toda Españacontra la puesta en marcha de esta Ley. Caravanas de coches convocadas desde las 11 de la mañana en varios puntos de nuestra geografía bajo la premisa “Por el derecho a elegir la educación que queremos”.

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Y es que esa es una las principales aristas de la ley. Que pone en jaque el artículo 27 de la Constitución que garantiza entre otras cosas el derecho a que los padres elijan la educación de sus hijos según su convicciones o creencias.

Una ley desarrollada en plena pandemia, durante el estado de alarma, de forma express, de manera inédita sin comparecencias y en la que solo se ha escuchado a quienes iban a votar a favor. Una ley que busca asfixiar a la escuela concertada eliminando el criterio de la demanda social, vaciar de peso académico la asignatura de religión, degradar el castellano despojándole de la condición de lengua vehicular, diluir los centros de educación especial o arrinconar la educación diferenciada que ha sido avalada por el Constitucional.

Pocas horas antes de estas convocatorias de protestas dominicales nos desayunamos con una entrevista de la ministra Isabel Celaá en el diario El País.

Habla la ministra de controversia política y autoexclusión de la oposición, pero la ley que ha sacado adelante, por un solo voto, está llena de concesiones políticas e ideológicas a Podemos o a Esquerra. En 40 años hemos tenido 8 leyes de educación diferentes y nunca se ha alcanzado un consenso ni con las del PP ni con las del PSOE. Eso es un mal crónico en nuestra política educativa.

Pero esta ley es la que menos acuerdo ha tenido el apoyo más exiguo porque rezuma ideología y porque no se ha escuchado la voz de los sectores implicados. Ha sido una ley que se ha tramitado, de forma inédita, sin comparecencias, de forma express y solapada en medio de un estado de alarma, ¿de verdad no había otro momento para desarrollar una ley de este calibre que no fuera en medio de una pandemia mundial?

Titula El País con las palabras de Celáa “La nueva ley cambia una filosofía elitista por la equidad”. El otro día leía en el diario ABC que los hijos de la ministra estudiaron en un concertado.No sé si entonces la ministra lo consideraba un modelo elitista o no, pero la realidad en cuanto a colegios concertados no es la de grandes élites, de familias adineradas, en lujosos barrios. Hay una realidad mayoritaria de colegios concertados, donde acuden familias normales, de toda condición y origen, en barrios humildes de cualquier ciudad española, donde la gente hace piruetas para llegar a final de mes. Donde cada mañana entran por la misma puerta el hijo de un mecánico de taller, con la niña de un conductor de autobús, o de un taxista, o de joven en paro, o de una administrativa, o de un periodista o de una dependienta de supermercado... Me da lo mismo.

Eso también es equidad y es la normalidad que viven muchos centros concertados, similar a la de los centros públicos en esos mismos barrios humildes de cualquier ciudad española. Negar esta realidad para justificar determinadas políticas es hacerse trampas al solitario. Que pagamos todos...

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