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En las últimas horas han seguido llegando inmigrantes a las islas Canarias. Como ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses.

PRESION MIGRATORIA EN CANARIAS

Hace más de dos meses emitimos el llamamiento emocionado de la alcaldesa de Mogán, Noelia Bueno denunciando el hacinamiento de personas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. En estos más de dos meses la presión migratoria sobre las islas Canariasno ha hecho más que aumentar con la llegada de miles de personas en la que se conoce como ruta atlántica de la inmigración. Y se ha generado una crisis. Han pasado más de 2 meses y ya este viernes, al final, el Gobierno ha desplegado toda una batería de ministros anunciando todo tipo de reuniones y de medidas.

Quizás el anuncio más significativo sea el del ministro de migraciones José Luis Escrivá anunciando 7000 plazas de acogida para inmigrantes pero también la ministra de asuntos exteriores pidiendo a la ONU ayuda para la repatriación, y Marlaska reunido en Marruecos.

MUCHOS MINISTROS Y POCA UNIDAD DE ACCIÓN

La situación del muelle de Arguineguín ha desbordado cualquier previsión. A principios de esta semana se hacinaban en ese estrecho margen de tierra a más de 2.500 personas cuando la capacidad inicial era de 400.

Durante la semana hemos contado esa gran chapuza que hemos contado esta semana en COPE. Alguien decidió dejar salir a más de 200 personas sin ningún control y sin destino por las calles de Mogán. Todavía no se sabe quién tomó la decisión.

Estos inmigrantes han sido acogidos en centros hoteleros y otros se han derivado a instalaciones militares en un antiguo polvorín del ejército en la zona de Barranco Seco. Este viernes, sólo el puerto albergaba casi 900 personas.

En los que va de año, casi 17.000 personas han puesto rumbo a las Islas Canarias. Son 10 veces más de las que llegaron en todo 2019. Los muertos en esta ruta se cuentan por centenares, unos 400 al final del verano, ahora serán más. Miles de personas esperan en las costas de Marruecos, Senegal o Mauritania para coger alguno de los cayucos que se echan a la mar.

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En medio de la pandemia del coronavirus a todos los que llegan se les hace una prueba PCR mientras se inicia el plazo legal de 72 para hacer una reseña policial.

En este punto, pueden pasar dos cosas; si no hay petición de asilo se abre el proceso de expulsión y el inmigrante ingresa en un CIE por un máximo de 60 días. Si se pide asilo, mientras se tramita, no puede ser expulsado y puede acceder a una acogida.

En este momento, el gobierno asegura, que solo un 10 % de los inmigrantes en Canarias cumplen los requisitos de asilo y el resto pueden ser repatriados. A esto hay que sumar la situación de centenares de menores no acompañados.

Todo este sistema de rescate, acogida, burocracia, control policial, asistencia sanitaria implica el trabajo de muchísima gente de Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, policial locales, Salvamento Marítimo, abogados, militares, voluntarios de Cáritas. Cuando hablamos de más de 2.500 inmigrantes, casi de golpe, el sistema colapsa y en ese punto estamos en Gran Canaria.

SE PODRÍA HABER ACTUADO ANTES

En este escenario ha desembarcado el gobierno en Canarias prometiendo 7000 plazas de urgencia. Reconoce que podían haber llegado antes y aporta miles de plazas que aliviarán la situación humanitaria del muelle pero no solucionarán el problema de fondo. No evitarán que sigan llegando personas en cayucos. Ese es un problema de mayor calado.

El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres quiere soluciones y la solución que propone el gobierno, claro, no le convence, se niega, dice, a asumir el 100% de los inmigrantes que lleguen a las islas. Escrivá,el ministro de migraciones, dice que lo de trasladar inmigrantes a la península no es cosa suya, que lo lleva Marlaska y Marlaska, ministro de interior, dice que no traslada porque no le deja la Unión Europea que todavía sigue sin fijar una postura común con la inmigración.

Marlaska dice esto desde Marruecos donde ha tratado de convencer al gobierno marroquí para que cierre el grifo de la inmigración desde sus costas y Marruecos que siempre ha manejado ese grifo a conveniencia lo está volviendo a hacer casualmente cuando se vive un momento de tensión en el Sahara. Y para ayudar, el vicepresidente Pablo Iglesias, de Podemos exige el referendum de autodeterminación del Sahara al mismo tiempo que Marruecos negocia con España el control de los flujos migratorios hacia España. Con este panorama, el Gobierno marroquí ha salido de la reunión con Marlaska con buenas palabras pero pocos compromisos de control.

A esto sumamos que mientras Marlaska negocia con Marruecos y la ministra de exteriores pide apoyo a Naciones Unidas para gestionar las repatriaciones, al mismo tiempo que llega el socio de gobierno de Izquierda Unida y pide eliminar las devoluciones en caliente.

Y mientras tanto siguen llegando personas a Canarias cruzando el Atlántico en cayucos, mientras se va moldeando un modelo Lampedusa en territorio español con esas 7000 plazas anunciadas por el Gobierno.

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