• Viernes, 29 de marzo 2024
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Herraiz: "A Calviño, a optimismo le ganan pocos. El problema es que ese optimismo choca con la realidad"

Ya puedes escuchar el monólogo de Antonio Herraiz en La Mañana de Fin de Semana

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Tiempo de lectura: 6'Actualizado 09:29

Buenos días. Vamos ya a por el último fin de semana de octubre, que va a ser el que nos meta de lleno en el horario de invierno. Esta próxima madrugada a las tres serán las dos, con menos horas de luz, aunque de momento el tiempo nos siga recordando más a verano que a invierno.No solo en el sur, donde vuelven a llegar a los 32 en Granada o a los 30 en Sevilla y Córdoba. Es que en Bilbao van a alcanzar los 29 de máxima, 28 en Santander o 26 en San Sebastián. Y el capítulo de lluvias sigue siendo muy reducido. Se limita al oeste de Galicia donde se esperan precipitaciones localmente fuertes.

El día viene de lo más completito marcado por la ruptura de las negociaciones para la renovación del consejo general del poder judicial. Si vives en una ciudad donde haya Metro es buen momento para cogerlo. Si no tienes, el bus es una alternativa. En el transporte público, si hacemos caso a la ministra de Justicia, no se habla de otra cosa, más aún después de la envergadura que ha tomado la NO renovación del CGPJ.

Ahora mismo hay dos frentes abiertos. Uno mira al futuro más inmediato, a partir de ahora qué, y otro se centra en un pim pam pum para determinar qué fue antes, si el huevo o la gallina. O quién es el responsable, que es lo mismo que decir quién tenía que haber cedido.

El motivo que ha motivado la ruptura es la reforma que plantea el Gobierno para rebajar el delito de sedición. Es una exigencia de Esquerra para aprobar los presupuestos y, como la debilidad parlamentaria de Sánchez le mantiene siempre con la soga al cuello, ha tenido que impulsar esa rebaja al mismo tiempo que le exigía a Feijoo que diera sí al pacto de la Justicia, lo que es una evidente contradicción.

Ahora mismo, el delito de sedición está castigado con entre 8 y 10 años de cárcel para los autores y entre 10 y 15 años de prisión para los altos cargos, para las autoridades que lo impulsen y lo amparen. Es el delito que infringió la mayor parte de la condena a Oriol Junqueras y compañía por el 1 de octubre. Es el delito que debería llevar a la cárcel al fugado Puigdemont si es que algún día vuelve a España. Y es el delito que los separatistas quieren que modifique en el código penal. Junts y la CUP exigen derogarlo, los de Esquerra -que andan en plan más pragmáticos- darían como bueno una rebaja sustancial de las penas.

Todo esto reventó el jueves cuando salió la ministra de Hacienda en el Congreso dando por hecho que era un compromiso del presidente y que iba para adelante. Luego matizó, pero lo dicho, dicho estaba. Así que cuando el pacto para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces ya estaba a punto de firmarse, Núñez Feijoo preguntó a Sánchez, el presidente le confirmó que tenían en su agenda la rebaja del delito de sedición y el líder de la oposición se se echó para atrás.

Para el ministro encargado de la negociación, Félix Bolaños, lo de la modificación de ese delito para que les salga casi gratis a los separatistas no tiene importancia, y lo de Feijoo son excusas baratas. Y mira directamente a la presión de los barones, en especial de la baronesa Díaz Ayuso.

En ese debate de qué fue antes, si el huevo o la gallina. O quién tenía que haber cedido. Podía haberlo hecho el Gobierno, diciendo a los de Esquerra. “Mira, este asunto es innegociable”, pero saben que su apoyo es fundamental para sacar los presupuestos adelante y no lo han hecho. Podía haber cedido Feijóo. Me trago este sapo de la reforma del delito de sedición, asumo que las condenas se rebajen a la mitad y menos, y que cuando los separatistas lo vuelvan a hacer, que ya han dicho que lo van a volver a hacer, las condenas sean de trámite. Pero habría quedado en una situación de debilidad ante los suyos. Como un pelele.

El líder del PP se plantó, así se lo habían pedido varios barones del partido, desde Díaz Ayuso a Moreno Bonilla, y el acuerdo se ha roto.

Lo voy a seguir intentando. La pregunta es, ¿el acuerdo ya se da por roto hasta el final de la legislatura? Es decir, ¿hasta que no empiece andar la siguiente, que no será hasta principios de 2024, no habrá nuevos contactos? Lo que les piden las asociaciones de jueces es que retomen las conversaciones cuanto antes, pero visto lo visto, con municipales y autonómicas en mayo, y con generales a finales de 2023, no parece que vaya a ser viable después del último portazo. Y de hecho, como te estamos contando en COPE, las dos partes dan por hecho que no habrá nuevas oportunidades.

También Bruselas nos apremia. Fuentes de la Comisión Europea insisten a COPE en una cuestión fundamental: hay que reducir la influencia del poder Ejecutivo en el poder Judicial. De ahí la importancia de renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Son declaraciones a COPE de portavoz de Interior de la Comisión Europea, Anitta Hipper.

Y todo esto en un contexto de máxima incertidumbre económica en la que el Gobierno celebra que el IPC se haya moderado hasta el 7,3%. ¿Eso quiere decir que los precios ya no suben? No, pero como la electricidad y el gas han dado un respiro en octubre, pues los precios no se disparan como lo hicieron tanto como lo hicieron en junio, julio o en agosto. Son datos que hay que analizar con la perspectiva del año anterior. Y en octubre de 2021 ya había empezado una escalada de precios imparable, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, que no todo es culpa de Putin.

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Por ejemplo, el precio de la luz en el verano del año pasado ya había pegado un estirón. Por eso, la comparación que establece el IPC con octubre del año pasado es menor, esto también ocurrió en septiembre. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, se mantiene en el 6,2% en el mes anterior.

Aquí no se trata de aguar el puente de Todos los Santos a nadie. Y menos si eres de los que disfrutas de unos días de descanso hasta el martes.

Con el tiempo que tenemos se van a ver playas y terrazas llenas y ya veremos lo que viene. Que en la economía tiene nombre de palabra maldita para los que gestionan este ramo de la vida: RECESIÓN.

Nos encaminamos a ese escenario en el primer trimestre de 2023 tras un periodo en el que la economía solo creció un 0,2% en plena temporada turística. Aun con precios disparados y recesión a la vista la vicepresidenta Nadia Calviño prefiere ver la botella medio llena.

Hay que reconocer que, a Calviño, a optimismo le ganan pocos. El problema es que ese optimismo, que roza el triunfalismo, choca demasiadas veces con la realidad.

Y hoy quiero hablarte de Óliver.

Es un niño malagueño, tiene dos años y medio y desde hace un año vive en México, en concreto en Playa del Carmen, que está en la península del Yucatán. Sus padres se trasladaron allí por motivos laborales. A principios de mes, sus padres empezaron a detectar comportamientos extraños en el pequeño. Dejó de comer, no caminaba y había perdido la capacidad de hablar y de tragar. Cuando le llevaron al hospital de Cancún le detectaron un tumor cerebral. El pronóstico no podía ser más dramático: “el pequeño Oliver podía morir en cuestión de horas”.

Hace justo diez días, los médicos mexicanos le practicaron un drenaje para eliminar parte del líquido que le hacía presión en el cerebro. Pero no era suficiente. Su vida estaba en serio riesgo si no lograban extirpar el tumor. La operación, por tanto, era fundamental. ¿Problema? La sanidad pública mexicana daba a los padres de Oliver un plazo de espera de entre tres y cuatro meses. Y la privada era muy cara. No sólo eso. Tampoco les ofrecían garantías suficientes de éxito.

Ellos no podían esperar, el tiempo jugaba en su contra y la situación se hacía cada vez más dramática. Cuando preguntaron cuánto costaba traer a su hijo a España en un avión medicalizado lo vieron completamente inaccesible: cerca de 200.000 euros. En ese momento tan agónico, un empresario español que tiene un hijo con la misma edad que Oliver se enteró por el periódico El Mundo de la situación que atravesaba esta familia, el niño y sus padres, Alejandro y Lena.

Quería ayudarles, pero siempre bajo el anonimato. A través de un conocido suyo, un diputado del PP, se puso en contacto con la familia de Óliver. La condición era clara: no podían hacer pública su identidad y necesitaba la factura de los gastos, para justificar ese pago a Hacienda. Él correría con los 200.000 euros que suponía el traslado.

En ese momento se activó la maquinaria, se tramitó ese avión medicalizado en el que sólo podía viajar la madre, así que el padre lo hizo en vuelo comercial y gestionaron de forma urgente la operación en el hospital San Joan de Déu de Barcelona, que es un centro de referencia en Europa. Llegaron el miércoles y dividieron la intervención en dos fases. ¿La gran novedad? Que la primera fase ha terminado con éxito.

Es el padre, Alejandro, que cuando informaba del resultado de la primera intervención, se le empezaba a abrir una media sonrisa. una vez supere la segunda intervención -prevista a finales de la próxima semana-, los doctores del San Joan de Déu determinarán el tratamiento para superar definitivamente las secuelas del tumor.

Aquí nos quedamos con tres cosas, que pueden ser muchas más. 1. La actitud generosa del empresario anónimo que ha pagado el traslado y todo lo derivado de la operación. Es el Ángel de la guarda que se ha cruzado en el camino de Óliver. 2. Muchas veces no somos conscientes de la calidad de nuestra sanidad. 3. Este centro es la prueba de que la colaboración entre lo privado y lo público puede dar resultados de gran éxito. Para los que aborrecen lo privado. Y 4. El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es una institución privada gestionada por la Fundación San Juan de Dios, y obviamente, católico. Para los que aborrecen todo lo que tiene que ver con la Iglesia.


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