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Hoy es un sábado de otoño que viene con lluvias. Esto no tendría que ser noticia, en una estación marcada siempre por la inestabilidad. El caso es que hay una borrasca, una DANA, que está pegando fuerte a todo el litoral de la Comunidad Valenciana. En Valencia capital, en puntos de Castellón como Burriana o Nules y atentos a la tromba que ha caído en la plaza mayor de Villareal.

Y hoy hay que estar atentos porque los avisos se mantienen tanto en el sur de Cataluña como en la Comunidad Valenciana, especialmente en el interior norte de la provincia de Castellón, donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas, aunque irán perdiendo intensidad en la segunda mitad del día. Se esperan también tormentas, eso sí, de carácter más débil, en el sistema central y Madrid.

La propuesta para la reforma del Código Penal

Vamos ya con lo primero que pasa por analizar las consecuencias de la eliminación del delito de sedición con una pregunta muy directa: ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que nos espera?

PSOE y Unidas Podemos han registrado ya en el Congreso la propuesta para la reforma del Código Penal. El objetivo es claro: reducir de forma sustancial las penas máximas del delito de sedición. Tal y como está redactado ahora, si lo vuelven a cometer autoridades públicas, como ocurrió con Junqueras y compañía el 1 de octubre, contempla una condena de hasta 15 años. Con la reforma del Gobierno, esa pena máxima se quedará en 5 años, es decir, la rebaja a un tercio.

No es un simple cambio de denominación. Es una derogación en toda regla, aunque lo maquillen con que el delito se mantiene y pasa a llamarse desórdenes públicos agravados. Sabemos lo que pretenden, conocemos el objetivo, ¿Cuándo entraría en vigor? El Gobierno tiene prisa, de ahí que haya acelerado el proceso de urgencia, y una vez que comience la tramitación, quieren que esté antes de fin de año, según reconocía el propio portavoz de Podemos.

En todo caso, antes de las elecciones municipales y autonómicas. Esto implica que los barones socialistas como Vara, Page o Lambán tendrán escaso margen para digerir un plato cocinado al gusto de los separatistas, pero de complicada digestión para el resto.

Tal es la prisa que la reforma no la registra el Gobierno como un proyecto de ley. Lo hacen los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el congreso como una proposición de ley para acelerar los trámites. Con este procedimiento de urgencia evitan tener que solicitar informes relevantes, aunque no fueran vinculantes, como el del consejo de Estado o el del propio Consejo General del Poder Judicial.

"¿Qué pasa con el ex presidente Carles Puigdemont?"

Más consecuencias. Qué pasa con el ex presidente Carles Puigdemont y el resto de prófugos. Algo evidente: que el camino se les despeja bastante. Vamos a ponernos en el caso de que Puigdemont decide volver a España. Sería juzgado, se le aplicaría el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, no el de sedición, con lo que el castigo sería mucho menor.

Eso en cuanto a Puigdemont y el resto de forajidos. En cuanto a los indultados, hay que detenerse en la figura de Oriol Junqueras. El indulto le permitió salir de la cárcel, pero sigue cumpliendo la pena de inhabilitación para ejercer cargo público hasta el año 2031. Si se le aplica la rebaja que ha lanzado PSOE y Podemos, tendría vía libre para presentarse como candidato a las autonómicas catalanas previstas para febrero de 2025. Esto si es que no se adelantan, cosa que ya se encargará el PSC de que no ocurra apoyando a Esquerra de forma externa en el Gobierno de la Generalitat.

Además se ha abierto un debate interesante. Si se deroga el delito principal que es por el que fueron condenados, es decir, el de sedición, los delitos paralelos, como el de malversación pierden su esencia. Sin el primero, no pueden castigar el segundo. ¿Qué sentido tiene castigar una supuesta malversación para cometer un delito que no existe en el Código Penal?

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Y luego hay que mirar un poco más allá. Los independentistas ya han dicho que lo volverán a hacer, algo que viendo los antecedentes no es un farol. Por lo que aquí tendríamos otra consecuencia más. De forma preventiva, ya les dice a los separatistas: “chicos, contaréis con la disculpa del Código Penal, cuando queráis dar un nuevo golpe independentista”. Traducido. Un desarme del Estado.

"Las contradicciones de Sánchez"

Todo esto en el apartado del ¿Y ahora qué? El capítulo de las contradicciones de Sánchez nos llevaría casi toda la mañana. Pero para muestra un botón. Lo primero, en el PSOE se están esforzando en repetir algo que no es verdad. Dicen que se cargan el delito de sedición para homologarnos con el resto de democracias europeas. Que es un compromiso del propio Pedro Sánchez para armonizar un artículo decimonónico de hace 200 años.

Lo segundo, se lo desmonta la reforma del código penal de 1995, con Felipe González en el Gobierno. Lo primero, lo de que es un proyecto personal de Sánchez, se lo tumba el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Inician esta reforma porque así lo ha pactado Sánchez con Esquerra para que les apoyen en los presupuestos.

Lo dice claro. Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado. Habla en plural, sin espacio para la duda. No es un proyecto personal, como Sánchez trata de vender. No se trata de homologar. Es un acuerdo con Esquerra para recibir su apoyo a los presupuestos.

Y alguno dirá, a Pere Aragonés no hay que creerle. A ver si vais a hacer más caso al líder de Esquerra que al presidente del Gobierno. Bueno pues vamos a escuchar a Pedro Sánchez con una de sus promesas electorales. Esto no es decimonónico ni de hace diez años. Es lo que decía en uno de los debates que mantuvo con los candidatos en las vísperas de las elecciones de 2019.

No solo no ha incorporado un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña. No, se ha cargado el de sedición para que a los que convoquen esos referéndums ilegales en Cataluña les salga a precio de saldo.

"Eliminamos el delito de sedición para homologarnos al resto de potencias europeas"

Más contradicciones. El argumentario socialista que más van a escuchar en los próximos días es el siguiente. Eliminamos el delito de sedición para homologarnos al resto de potencias europeas. Y aquí no es tanto una cuestión de la nomenclatura, del nombre que le dan en otros países a este delito. Se trata de analizar de qué forma se castiga a los que cometen un delito similar al que fueron condenados por intentar dar un golpe separatista en Cataluña. Por eso, es importante hacer un repaso.

En Alemania, la pena mínima es de 10 años de cárcel para aquellos actos que, con fuerza, o amenaza de esta, socaven la existencia de la República Federal o traten de cambiar el orden constitucional. Esto nos suena, ¿verdad? Pues estaría bien recordárselo cuando desde el PSOE repitan que la reforma nos armoniza con el resto de países del entorno. No es verdad.

Y si miramos a un país más. En Italia, por ejemplo. Es cierto que los delitos de sedición se castigan con penas de entre cinco y seis años de cárcel, es decir similar a los desórdenes que pretende aplicar el Gobierno. Pero los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado son condenados con penas de cárcel no inferiores a 12 años. Así que sería mejor que reconozcan abiertamente por qué lo hacen y que se dejen de rodeos que, sencillamente, son falsos.

Y en todo este entramado hay una vertiente más. Ya te hemos dicho que el Gobierno quiere aprobar la reforma antes incluso de fin de año. O eso es la pretensión de Podemos. Las elecciones municipales y autonómicas son en mayo y la reacción de los presidentes de Castilla-La Mancha y de Aragón entra dentro de lo previsto.

Pero si quieren que esa postura contraria tenga efecto, tienen una oportunidad magnífica para que los diputados que han sido elegidos en su comunidad, voten en contra. El resto es un postureo estéril. Desde el PP, Núñez Feijoo ya anuncian que van a restituir el delito de sedición si llegan al Gobierno.

"España terminará en el 8,5%"

Pues la supresión del delito de sedición llega en un momento de crisis energética sin precedentes, con el invierno a las puertas y con los precios disparados. Da igual donde acudamos a mirar. Al súper o a la gasolinera. Y la previsión es que vienen más curvas.

Ya no solo lo advierte el FMI o el Banco de España, que no es poco. Ya no solo avisan los gabinetes de estudios económicos de toda clase y condición. Ya no solo lo dice la AIREF, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. También se suma la Comisión Europea. Anticipa una recesión en la eurozona de la en principio se puede escapar España, pero con un recorte en la previsión de crecimiento considerable.

Si miramos al próximo año, aquí es importante analizar la evolución de los pronósticos. Bruselas empezó diciendo que creceríamos en 2023 un 4,4%. En julio puntualizó que nos íbamos a quedar por debajo de esa previsión, es decir al 2,1%. Cuatro meses después, vuelve a recortar a la mitad el crecimiento en España y lo deja en el 1%. Es decir, del 4,4 al 1%, una cuarta parte de lo estimado en un principio.

Esto en cuanto al crecimiento. ¿Y la inflación qué? ¿El crecimiento disparado de los precios? La Comisión apunta que, este año, España terminará en el 8,5% frente al 8,1% que había señalado en las previsiones de primavera. Y aunque la incertidumbre es máxima dependiendo de lo que ocurra en Ucrania, la pretensión es que caiga en 2023 al 4,8%. Esto tiene una explicación. Si en 2022 hay productos que se han encarecido incluso un 30 y un 40%, el margen de subida es reducido y cuando en 2023 comparen con este 2022, lógicamente no habrán bajado, pero la amortiguación de la subida si será relevante.