Una semana después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones tras los resultados del 28M, una de las consecuencias más destacadas es la desaparición de más de 60 leyes, que se han quedado sin aprobar, debido a la disolución de las Cortes.

Estas leyes abarcan una amplia gama de temas, desde la Ley de Familias que incluía permisos retribuidos para el cuidado de personas dependientes, hasta la Ley de Salud Mental, en un momento en el que España sigue rezagada respecto a la media europea en términos de psicólogos y psiquiatras.
Entre las leyes que quedan en el limbo se encuentra la Ley de Olvido Oncológico, que recientemente había sido anunciada por el Presidente del Gobierno.

También se ven afectadas normas que impactan en la labor de los bomberos forestales, en un verano marcado por el peligro de incendios, así como la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana. De las más de 60 leyes, 25 proceden de decretos ley ya vigentes, 8 han sido aprobadas por el Gobierno y otras 30 fueron impulsadas por los diferentes grupos parlamentarios.

“Que nosotros no hagamos lo va hacer el fuego y lo va hacer de manera drástica, haciendo mucho daño y causando víctimas mortales”, señala Pedro Castañares experto en incendios y presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medio Ambientales.
Una de las leyes que no verá la luz es la Ley de Familias, que pretendía incorporar nuevos permisos para el cuidado de personas dependientes y equiparar los beneficios de las familias numerosas con las dos millones de familias monoparentales en España.

Esta ley se encontraba en fase de enmiendas en la Cámara Baja y su plazo de presentación vencía esta semana.
En cuanto a la Ley de Olvido Oncológico, que buscaba garantizar a quienes han padecido cáncer el derecho a no tener que justificar su historial médico al solicitar seguros de vida, préstamos o viviendas, su no implementación genera incertidumbre para personas como Juan, quien superó una leucemia hace tres años y ahora duda si obtendrá una hipoteca para el próximo año.

Esta medida se sumaba a la exigencia de Bruselas de garantizar el derecho al olvido oncológico, una demanda que España sigue sin cumplir, siendo el único país de la Unión Europea junto a Malta que no lo garantiza.
La Ley de Salud Mental, que pretendía mejorar la atención en este ámbito y acercar a España a la media europea en cuanto a profesionales especializados, también queda en el limbo. Esta norma contemplaba la implantación de una ratio mínima de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes, además de la formación especializada para la prevención del suicidio para el personal sanitario.

“La necesidad de más psicólogos se hace patente, ya que España sigue siendo el país del mundo que más ansiolíticos y sedantes consume”, según el Catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Alonso Cano.