El de los okupas nunca ha dejado de ser un problema en España, por mucho que lo niegue el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Es más, se ha agravado a raíz de la pandemia. La crisis ha provocado un aumento de las entradas ilegales a viviendas propiedad de particulares y empresas. Según datos del ministerio del Interior, los casos han crecido casi un 50% desde 2016. Solo entre 2018 y 2019 hubo más de 14.300. En los seis primeros meses de este año, las ocupaciones ilegales en Cataluña ya sumaban 3.611, 421 más que en todo el ejercicio anterior, con Barcelona como epicentro. Los números que presenta esta comunidad autónoma multiplican por seis los de Madrid (657) y triplican los de Andalucía (1.183).

Los despachos de abogados han visto aumentar considerablemente las denuncias de propietarios por usurpación de la vivienda, tanto la vacacional como la habitual. En la mayor parte de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas que en muchos casos ya no carecen de recursos económicos. Los expertos coinciden en que el perfil del okupa ha cambiado. Antes era una persona vulnerable. Ahora no todos tienen necesidades sociales.

Ante el clamor popular, esta semana el ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada por la Fiscalía General del Estado. En La Mañana del Fin de Semana hemos analizado las medidas con Toni Miranda, presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación. Considera que son “tiritas”. “Se están centrando en el allanamiento de morada. Es algo que al principio no pasaba pero como existe un agujero real de impunidad, al final ha llegado hasta la figura del allanamiento y se han tenido que tomar medidas. Sin embargo son de carácter cosmético porque no abordan los fundamentos del problema que tenemos. Ahora la justicia reconoce un derecho a la inviolabilidad del domicilio que antepone a otro constitucional como es el de la propiedad, porque considera que se genera domicilio. En un estado de derecho ningún delito puede ser fuente de derecho ni puede generar beneficios. ¿Cómo es posible que el delito de usurpación, de dar una patada en la puerta, genere un domicilio y sea reconocido por la justicia?, ¿cómo podemos reconocer derechos que emanan de actos delictivos?”, se ha preguntado.

"Los afectados por la okupación son personas normales"

Miranda cree que los mensajes que ha lanzado Iglesias, negando el problema, no tienen nada que ver con la realidad. “Algunos miembros del Gobierno dan a entender que esto es un problema de los fondos buitres, de los muy ricos y esto no es verdad. Los afectados por la ocupación son personas normales. El problema es humano. Muchas sufren acoso, actos violentos, caen bajo estrés y depresión por vivir en este tipo de situaciones”, asegura. Denuncia que estas personas se encuentran solas porque las administraciones no les respaldan estando ante la más absoluta legalidad. “Llaman a la policía y les dice que no puede hacer nada. Cuando presentan una denuncia, en vez de una actuación judicial rápida, el problema se demora durante años. El problema es real y gravísimo por mucho que lo niegue Iglesias”, afirma.

Diferencias con Europa

El presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación considera que este problema no se generaría si la Administración hiciera su trabajo. “En Europa no tienen este problema porque la Administración actúa rápido. Cuando usurpas una vivienda llamas a la policía e interviene. Lo echan de inmediato y según qué países, la multa supone cárcel”, explica en COPE. Miranda señala que cuando no se hace nada, como en España, surgen bolsas de impunidad. “Donde no llega la ley es el terreno propicio para que acudan los violentos y las mafias. Por eso no se pueden poner tiritas. Hay que cerrar de una vez este agujero”. Pide un cambio en la ley porque la actual, que debía de ser suficiente, no funciona. “Tiene que ser más concreta y clara”, concluye.

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