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Estos días los ministros están compareciendo en el Congreso para explicar sus planes de trabajo. Y es que, aunque parezca mentira, el Gobierno está dando sus primeros pasos. Por ejemplo, el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, que había hecho de la lucha contra la publicidad en el juego su principal bandera, hoy ha asegurado que prohibir de forma total la publicidad es inadecuado.

Manuel Castell, que es el ministro de Universidades, un ministro poco conocido, ha prometido esta mañana poco más o menos que el paraíso: subir las becas, bajar las tasas y pagarles más a los profesores.

La ministra de Hacienda, que es mucho más conocida, la minista Montero, ayer aseguró que hay que ir a la armonización fiscal.

En qué está pensando la ministra Montero, la ministra Montero desde que llegó al Gobierno en la pasada legislatura está obsesionada con la política fiscal que hace la Comunidad de Madrid, que será casualidad pero está gobernada desde hace años por el PP. También está obsesionada con la de Andalucía y Murcia.

La Comunidad de Madrid, haciendo uso de las competencias fiscales que se le han ido transfiriendo a las Comunidades Autónomas, ha diseñado una política fiscal que es la que más favorece a los contribuyentes, después de las del País Vasco. Esa capacidad normativa hace que Cataluña sea la autonomía que tiene más presión fiscal para las rentas bajas.

En Madrid, ha sido especialmente significativa la política fiscal con el impuesto de patrimonio y con el impuesto de sucesiones. El impuesto de patrimonio está bonificado en un 100 por cien y en el impuesto de sucesiones, cuando se trata de una herencia familiar, la bonificación puede ser hasta del 100 por cien. Hay gente que ha cambiado su domicilio por esto.

Y esta desigualdad en el trato fiscal es lo que llama la ministra 'dumping', competencia desleal. La ministra Montero argumenta que Madrid tiene una ventaja natural por ser la capital y, como no está en situación de igualdad, no puede bajar impuestos.

Esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el grito en el cielo porque Montero haya anunciado que va a ir contra la autonomía fiscal.

¿Deben o no deben competir las Comunidades Autónomas en materia fiscal? Es una cuestión de fondo, interesante. Lo cierto es que, de hecho, en España se ha producido una descentralización fiscal que permite esa competencia. El problema es que, como no tenemos un sistema de financiación actualizado, la descentralización fiscal no ha ido acompañada de una responsabilidad fiscal efectiva de las CCAA.

Lo curioso es que, teniendo un sistema fiscal centralizado, la ministra Montero quiera ahora hacer una recentralización fiscal selectiva que solo afecta a las Comunidades Autónomas. Porque, a la par que Montero apuesta por esta rentralización fiscal, al PNV acaba de condecérsele la gestión de la Caja de la Seguridad Social, lo que en un futuro puede poner en peligro la unidad de caja. Al mismo tiempo que apuesta por la recentralización con las CCAA del PP, está abierto de facto a la negociación bilateral con Cataluña, que no manda su consejero de Hacienda a las reuniones del Consejo de Politica Fiscal y Financiera.

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A la par que habla de recentralización para las autonomías del PP, la ministra Montero ha abierto la puerta a que haya objetivos de déficits diferenciados para las CCAA. Recentralización para las regiones gobernadas por el PP, descentralización para las gobernadas por los socios de Sánchez.

Esta recentralización que pretende la ministra Montero tendría que pasar por el Congreso y contar con una mayoría que Sánchez no tiene. Pero Montero, que es hábil, tiene otras armas. Montero se ha quedado con el IVA de las CCAA de diciembre de 2017 y ha jugado con una cosa que se llama la entrega a cuenta para las autonomías, que es esencial.