La inflación ha supuesto un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos. Este año gastaremos 830 euros más que en 2021 en llenar la cesta de la compra, lo que supone un incremento de más de un 15% respecto al ejercicio anterior, según la OCU. Casi el 95% de los productos de primera necesidad han subido de precio en lo que va de año. Las frutas y verduras han subido un 12%, el pollo, un 16% y los productos de higienes cuestan un 8% más que hace un año.

Por eso, el Gobierno lanzó la posibilidad de que se pusiese un tope al precio de los productos que más demandan las familias. Fue una petición de Yolanda Díaz. La ministra quiso enfocar la responsabilidad de la reducción de los precios en las grandes superficies y rechazó redactar una ley para hacerlo. Pero ya se ha retractado. Alberto Garzón, ministro de Consumo, aclaró que su intención es “estimular un acuerdo para que las grandes distribuidoras establezcan ofertas comerciales” con el objetivo de “moderar y congelar los precios”.

La codirectora de ‘La tarde’, Pilar Cisneros, ha hablado con el economista Fernando Trías de Bes, quien cree que “alguien les ha parado los pies”, en alusión a la marcha atrás del Gobierno. Trías de Bes opina que topar el precio del gas “tiene trampa”, que es como “la letra pequeña de ciertos contratos”. Señala que la verdadera cuestión es “a quién se le está poniendo este máximo”. En caso de que se llegase a un acuerdo con las grandes superficies para tener un precio máximo, el diferencial de ganancias que están perdiendo lo tendría que pagar el Gobierno. “Las pérdidas que las tiene que soportar el Estado”, sentencia el economista. Como ese dinero lo tendrá que sacar de los impuestos, en definitiva esto significa que “el tope lo va a pagar el contribuyente”.

Pero la otra cara de la moneda es la competencia a la que se va a tener que enfrentar el pequeño comercio. Ante la bajada de precios, “el pequeño comerciante se ve forzado” a reducir sus precios a los que marquen las grandes superficies. Pero “no va a poder pasar facturas a los presupuestos generales del Estado”, por lo que la diferencia de pérdidas las tendrán que asumir los pequeños comercios.

Pero la comentada ley para topar el precio de la cesta de la compra, en todo caso, “es ilegal”, a ojos de Trías de Bes. Además, es contraproducente: “Cuando se topan los precios no se innova en esos productos”. Según el economista, “a medio y largo plazo acaba perjudicando la mejora de precio”. Propone dejar se regulen sin la intervención de una normativa, porque “los precios orientan los recursos y hay que dejarlos libres”.

Algunos supermercados han decidido por sí mismos poner un precio reducido a los productos básicos para que las familias puedan acceder a ellos a pesar de la inflación. Sin embargo, algunas familias todavía ven insuficiente esta medida.