El Gobierno ha creado una nueva categoría del bono social por el que hogares trabajadores de bajos ingresos podrán tener un descuento del 40 % en la factura de la luz y una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada, además de aumentar los requisitos de eficiencia del alumbrado público. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con nuevas medidas para aliviar el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho tras la reunión semanal del Ejecutivo, que este es el décimo real decreto ley que aprueba el Gobierno desde junio de 2021 para proteger a las familias y al tejido productivo, con reducciones de costes fijos de la factura, aumento de la protección a los más vulnerables y la introducción del tope al gas para electricidad o mecanismo ibérico.

Los potenciales beneficiarios de la nueva tarifa de último recurso (TUR) para comunidades de vecinos, que permitirá reducir el coste del consumo de gas en un 50%, son 1,7 millones de hogares.

Salvador Díez es administrador de fincas y presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valladolid y se queja de que hasta ahora era un “agravio comparativo” entre las comunidades de vecinos y las calderas individuales. “Es una asignatura pendiente”, critica Díez. “No es algo que se vaya a resolver mañana” pero sí se deben “tomar decisiones” que vayan enfocadas a conseguirlo.

Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de Próxima Energía coincide con Salvador que hay “que esperar”. La TUR es una tarifa regulada, no se sabe si “se aplicarán penalizaciones” por salirse de su tarifa. También expone que el descuento del 40% “podría no ser tanto”, advierte Morales. Además favorece un tipo de calentador que puede llegar a ser más eficiente que las calderas individuales.

Para tener derecho a la TUR “hay que tener contadores individuales”, para poder individualizar el consumo. Si se comparte calefacción son más eficientes. “Las condiciones para acogerse a la tarifa son razonables”, concede Morales de Labra, pero avisa que hay que medir el consumo, porque antes estaban exonerados porque “eran extraordinariamente caros". Algo en lo que coincide Díez.

Esta TUR 4, que tiene carácter temporal y estará en vigor hasta finales de 2023, cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de los últimos cinco años y, en el caso de excesos por encima del consumo histórico, se aplica un recargo del 25 % sobre la nueva tarifa, que se dividirá en ocho subtramos de consumo.

La comunidad de vecinos tendrá que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre de 2023, a menos que estén eximidas por inviabilidad técnica, si no quieren tener un recargo del 25% en el término variable sobre el consumo desde que la comunidad se acogió a la TUR.

El Gobierno también ha prorrogado el límite del 15 % que aplica al encarecimiento de la materia prima en las revisiones de las tarifas reguladas TUR 1, 2 y 3 hasta finales de 2023.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) habrá una partida de 3.000 millones de euros para la aplicación de la TUR vecinal y cubrir la deuda que genere en 2023 la limitación de precio de la materia prima en el resto de las TUR.

La deuda anterior que soportan desde hace un año las comercializadoras de gas de último recurso se recuperará cuando sea posible y la materia prima no suba más de un 15%.